La esmerada aplicación del librillo trumpista en Badalona

Brota, aquí y allá, como una plaga, con las mismas características, sin que se haya hallado todavía el antídoto. Este mes de diciembre ha aparecido en Badalona, Cataluña.

Es la aplicación del librillo trumpista. Un venenoso recetario que conjunta en calculadas y eficaces dosis guerra cultural, bulos, crueldad y desprecio del estado del derecho.

La guerra cultural, ya saben: Occidente sufriría la amenaza del gran remplazo, una avalancha migratoria que pondría en cuestión no solo la seguridad sino toda una civilización, y sobre esa base es necesario reafirmar un orgullo distorsionado, excluyente, racista.

Los bulos, ya saben: los inmigrantes comen mascotas en Springfield, Ohio.

La crueldad está por doquier, como bien señalaba Elvira Lindo en estas páginas recientemente. En el apartado migratorio, cabe recordar la infame política del primer mandato de Trump de separar a inmigrantes menores sin documentos de sus padres, y las redadas del terror que se están produciendo en el segundo.

Todos estos elementos del librillo trumpista son relevantes y explosivos, pero conviene fijarse especialmente en el atropello del estado del derecho, porque no solo revienta la convivencia ciudadana, sino la misma democracia. El trumpismo busca constantemente ensanchar el perímetro de acción del poder ejecutivo, sobrepasa líneas rojas, busca subyugar, amedrentar o ningunear otras instituciones, subvertir equilibrios y contrapesos. La guerra cultural y presuntas cuestiones de seguridad son palanca privilegiada para ir adelante en ese camino.

Algo parecido ha pasado en Badalona. El actual alcalde tiene un comprobado y largo historial ―pretrumpista, por cierto― en cuanto a guerra cultural y políticas antimigratorias radicales. El episodio de este diciembre incorpora sin sonrojo la crueldad, manipulación de hechos y, sobre todo, la disposición a actuar sin aplicar de buena fe y con eficacia la decisión judicial que autorizaba el desalojo pero reclamando la puesta en marcha del protocolo de atención a personas sin hogar.

Tenemos aquí un aspecto crucial de nuestra época. La disposición de ciertos líderes a perseguir ciertos resultados sin muchos escrúpulos a la hora de respetar espíritu y letra de la ley y del estado de derecho. Naturalmente, en la aplicación del método hay circunstancias de características muy distintas. Pero hay que fijarse en ese denominador común profundo encarnado por la idea de que el fin justifica los medios. Un ejemplo de gravedad absoluta ―en un ámbito que no tiene a que ver con migración, sino exclusivamente con seguridad― es la campaña de Nayib Bukele en El Salvador que, sustancialmente, envía a prisión a todo aquel que tenga un tatuaje sin que medie un juez.

Hay otros de menor intensidad, no tan masivamente crueles, o en los cuales no hay una violación sin pudor del estado de derecho sino escuálidas maniobras para sortearlo, como en Badalona o como los intentos de los conservadores británicos de deportar solicitantes de asilo a Ruanda, con un accidentado camino al borde de la legalidad. Pero se puede reconocer un instinto con raíces parecidas y lo inquietante es que, en estos casos, la acción no procede de formaciones ultras, sino de representantes de partidos conservadores supuestamente moderados. Los resultados políticos son notorios: en el Reino Unido crece el ultra Reform y en España, el ultra Vox, plenamente legitimados en sus posiciones.

Pero el daño es más profundo que el movimiento en los sondeos de un partido u otro. El librillo trumpista es la receta de la voladura de la convivencia democrática. Siembra el odio ―sea al inmigrante, al establishment o a quién no piensa igual― y revienta el orden civil, insinuando un derecho superior del líder político a perseguir sus objetivos en nombre del bien superior del pueblo ―que él conoce y encarna―. Un juez no puede estorbar exigiendo cosas ―por ejemplo la puesta en marcha de un protocolo de atención a sin hogares cuando esto no encaja con nuestra filosofía―, la prensa no puede criticar, un funcionario no puede publicar una estadística que no conviene y si una constitución dice que algo no está permitido, por ejemplo, encadenar mandatos más allá de un límite, ya veremos. Esa actitud brota aquí y allá. No solo en los montes ultras. Se la ve descender hacia los valles y las costas.