La euforia desbordada que ha movido el mercado cripto en 2025 parece haberse disipado. La promesa de convertir a Estados Unidos en la capital cripto del planeta a través de la regulación se ha quedado a medias. La aprobación del Genius Act en julio fue un hito para el sector, pero la legislación general sobre activos digitales, el Clarity Act, se ha quedado encallada en el Senado en torno al pago de intereses sobre las stablecoins, que ha desatado una guerra entre la gran banca y la industria cripto. El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, retrasó la votación pocas horas después de que Brian Armstrong, CEO de Coinbase, anunciara que ya no iba a apoyar la normativa. Un timing que no ha pasado desapercibido y que es síntoma de la cada vez mayor influencia del sector de los criptoactivos en Washington. Y los demócratas se han dado cuenta de ello. “Al parecer, la industria redacta el proyecto de ley y, si alguien en el Congreso tiene la osadía de enmendarlo mínimamente, dice que todo se viene abajo”, ha afirmado Elizabeth Warren, senadora demócrata, en un comentario al periódico estadounidense Politico.
Los demócratas denuncian que la industria busca leyes a la carta. El comité del Senado paralizó la votación de la ley sobre activos digitales tras el rechazo del mayor ‘exchange’ en EE UU
La euforia desbordada que ha movido el mercado cripto en 2025 parece haberse disipado. La promesa de convertir a Estados Unidos en la capital cripto del planeta a través de la regulación se ha quedado a medias. La aprobación del Genius Act en julio fue un hito para el sector, pero la legislación general sobre activos digitales, el Clarity Act, se ha quedado encallada en el Senado en torno al pago de intereses sobre las stablecoins, que ha desatado una guerra entre la gran banca y la industria cripto. El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, retrasó la votación pocas horas después de que Brian Armstrong, CEO de Coinbase, anunciara que ya no iba a apoyar la normativa. Un timing que no ha pasado desapercibido y que es síntoma de la cada vez mayor influencia del sector de los criptoactivos en Washington. Y los demócratas se han dado cuenta de ello. “Al parecer, la industria redacta el proyecto de ley y, si alguien en el Congreso tiene la osadía de enmendarlo mínimamente, dice que todo se viene abajo”, ha afirmado Elizabeth Warren, senadora demócrata, en un comentario al periódico estadounidense Politico.
Todo empezó a desmoronarse el lunes cuando se difundió el borrador de la ley con nuevas enmiendas, que endurecían las condiciones para pagar intereses sobre stablecoins, un ámbito regulado ya por el Genius Act aprobado en julio. Aquella norma vetó a los emisores de estos activos ofrecer rendimientos a sus usuarios y dejó fuera a intermediarios como exchanges o corredores, que seguían ofreciéndolos. El Clarity Act buscaba ahora ampliar esta prohibición a estos intermediarios, bajo la presión del sector bancario, que ha alertado de que estos activos pueden desplazar los depósitos bancarios, mermar el crédito y, obviamente, su negocio.
Pero para el sector cripto —incluido Coinbase, cuyos ingresos dependen en parte de incentivar que los usuarios mantengan sus activos en la plataforma— esta era una línea roja. “Preferimos no tener ningún proyecto de ley a tener uno malo”, dijo Armstrong. Su rechazo pesó en la decisión del comité y reveló la influencia de los gigantes cripto en Washington. En un año, la industria ha pasado de ser hostigada y perseguida por los reguladores a consolidarse y pesar en los procesos políticos y de toma de decisiones en Washington. Especialmente la empresa de Armstrong. De hecho, otras se quejaron de la paralización de la normativa como Kraken y Paradigm, dos pesos pesados de la industria, que consideran que lo más importante es tener ya una ley que regule la estructura de mercado para dar claridad al sector, que ahora, vuelve a quedarse en la incertidumbre.
La influencia de Coinbase no es baladí. Fundado en 2012, es el mayor exchange en EE UU, con unos 100 millones de usuarios; fue la primera empresa cripto en debutar en Bolsa, llevando a las criptomonedas al corazón de Wall Street, y ya vale unos 64.500 millones de dólares. En 2024 invirtió decenas de millones en los comités de acción política a favor de las criptomonedas y está entre los que financian la construcción del polémico salón de baile en la Casa Blanca. “Son personas que creen que, cuando se han comprado un Congreso, este debe comportarse como ellos dicen”, añadió Warren en su comentario a Politico. Santiago Carbó, Catedrático de Economía de CUNEF Universidad, considera que el poder del sector es el resultado natural de la amplificación de su negocio. “El crecimiento de la industria cripto en los últimos años y su importancia económica los ha hecho influyentes”, asegura. Pero también depende de Trump.
La postura procripto de la administración republicana y los negocios de la familia presidencial en el mercado de activos digitales han incentivado este fenómeno. La desestimación de múltiples demandas contra las empresas del sector, el vínculo directo entre Trump y los principales directivos de la industria, no solo profesional sino también personal, han allanado el camino para que estas compañías influyan en los equilibrios del poder.
Ahora, los lobbies bancarios, más influyentes y asentados, tienen en Coinbase un nuevo rival que ya está mostrando su poder. El choque de intereses entre estos dos titanes no se limita a los activos digitales, sino que la batalla se traslada también al mundo de las finanzas tradicionales, en el que empresas como Coinbase también quieren jugar. Algunas han solicitado la licencia para convertirse en bancos, otras ya la han obtenido. Las compañías de activos digitales quieren expandir sus fronteras, cansadas de depender de los vaivenes del mercado y de un modelo de negocio basado en el cobro de comisiones que tiene sus límites, y presionadas por una competencia creciente. Así, aspiran a ofrecer servicios similares a los bancarios para retener a sus usuarios, con el beneplácito de los reguladores. La administración les ha dado la mano y el sector se ha cogido el brazo. Y a los legisladores les queda ahora la ardua tarea de encontrar un consenso entre dos gigantes que quieren el mismo pastel.
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