La británica Clare Melford, de 52 años, recibió el 23 de diciembre un email en el que se le comunicaba que el estatus de su visado para entrar en EE UU, adonde tenía planeado viajar en enero por trabajo, pasaba de “aprobado” a “pendiente”. Minutos más tarde, su móvil empezó a recibir mensajes de familiares y colegas: la subsecretaria de Estado, Sarah B. Rogers, la citaba en un tuit como uno de los cinco extranjeros a los que EE UU había decidido negar la entrada al país. “Melford dirige el Global Disinformation Index (GDI), una organización que monitoriza webs en busca de ‘discurso del odio’ y desinformación. (…) Esta ONG usa el dinero de los contribuyentes para exhortar a la censura y hacer listas negras de prensa estadounidense”, dijo Rogers.
La Casa Blanca les considera “activistas radicales”, pero solo trabajan para que las redes cumplan las leyes, frenen los bulos y el discurso del odio. EL PAÍS habla con ellos ahora que se han convertido en objetivo de Trump
La británica Clare Melford, de 52 años, recibió el 23 de diciembre un email en el que se le comunicaba que el estatus de su visado para entrar en EE UU, adonde tenía planeado viajar en enero por trabajo, pasaba de “aprobado” a “pendiente”. Minutos más tarde, su móvil empezó a recibir mensajes de familiares y colegas: la subsecretaria de Estado, Sarah B. Rogers, la citaba en un tuit como uno de los cinco extranjeros a los que EE UU había decidido negar la entrada al país. “Melford dirige el Global Disinformation Index (GDI), una organización que monitoriza webs en busca de ‘discurso del odio’ y desinformación. (…) Esta ONG usa el dinero de los contribuyentes para exhortar a la censura y hacer listas negras de prensa estadounidense”, dijo Rogers.
“Fue un shock. Nunca es agradable ser señalada así, especialmente horas antes de Nochebuena, cuando lo que quieres es envolver regalos y pelar verduras”, explica Melford a EL PAÍS por correo. El 24 de diciembre recibió un email del programa ESTA, el servicio que gestiona los visados a EE UU: su viaje no estaba autorizado. “No me dieron ninguna explicación, ni me la han dado hasta ahora”. Todavía no ha decidido si tomará alguna medida legal al respecto.
Quien sí recurrirá a los tribunales es el excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios Digitales, Thierry Breton, el más conocido del quinteto de ciudadanos europeos vetados por EE UU. En su caso, se le acusa de ser “el cerebro del Reglamento de Servicios Digitales”, DSA en sus siglas inglesas, la normativa comunitaria diseñada expresamente para domar a las grandes tecnológicas y que exige transparencia y que rindan responsabilidades por los contenidos que circulan por las plataformas.
La Administración Trump no esconde que la decisión de denegar visados a cinco personas es una respuesta directa a la supuesta “censura” a la que somete la UE a las redes sociales, como X, propiedad de Elon Musk (exasesor estrella del presidente Donald Trump y principal mecenas de su campaña electoral), o Instagram y Facebook, de Meta. Según dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, se les ha vetado porque “han llevado a cabo esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses y censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista americanos”.
El castigo aplicado por la Casa Blanca a cinco particulares, a los que considera “activistas radicales”, afecta a Melford, Breton y otros tres directivos de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para combatir el odio y la desinformación. Lo que Rubio llama “censura”. Breton es la pieza de caza mayor, el único perfil político de los afectados por el veto; el resto de los afectados han contribuido de alguna forma a que la UE pueda aplicar medidas correctivas a las grandes tecnológicas, como obligar a retirar bulos o imponer multas por saltarse la regulación.
“¿Están soplando de nuevo vientos de macartismo?”, tuiteó el político francés en cuanto se enteró de la prohibición. “El 90% del Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad la DSA”, recordó el estadista francés. Macartismo no es un término descabellado. Así lo interpreta, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que, aunque tardó un mes en hacerlo, respondió a finales de enero con un comunicado a la retirada de la visa de Breton. “Esta es una personalización inaceptable de las políticas de la UE, un precedente peligroso para la independencia de las instituciones europeas y un ataque a la soberanía regulatoria comunitaria”, lee el escrito.
La Casa Blanca, al servicio de las tecnológicas
“Esto va sobre las Big Tech. Sabemos que no le gustamos a Elon Musk: nos demandó hace dos años y ganamos el juicio. Esta vez ha preferido pulsar el botón nuclear. Ha llamado a sus amigos de la Casa Blanca y les ha pedido que les ayuden a quitarnos de en medio”, dice por videollamada desde Washington Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate (CCDH). La institución que dirige este politólogo nacido en Manchester hace 47 años ha documentado el aumento de los contenidos racistas, antisemitas y de extrema derecha que inundaron Twitter desde que Musk la compró y rebautizó como X. La multa de 120 millones que le impuso en diciembre la Comisión a X (la primera en virtud de la DSA) por falta de transparencia en la publicidad y por el diseño engañoso del blue check (la marca azul que aparece en las cuentas que pagan por ello) se apoyó en informes del CCDH.
La semana pasada, la institución que dirige Ahmed publicó junto a The New York Times una investigación que eleva a tres millones las imágenes sexualizadas generadas en solo 11 días por Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Musk. Ese trabajo contribuyó a que la Comisión Europea decidiera lanzar una investigación sobre Grok y X por la generación de imágenes sexualizadas de menores (el documento de CCDH identifica “al menos” 23.000).
Ahmed también se enteró por un tuit de que su nombre estaba en la lista negra de la Secretaría de Estado. Pero su caso es distinto, porque es el único de los cinco europeos vetados que vive en EE UU. Se mudó a Washington hace cinco años, donde vive con su mujer e hija, ambas estadounidenses. Tiene motivos para estar nervioso. “Quieren que los agentes del ICE derriben mi puerta, me arresten y me trasladen a estados como Luisiana, donde tienen jurisdicciones más favorables que en Washington D.C. o Nueva York”.
Por convicción, y porque tiene la vida montada allí, Ahmed ya ha recurrido a la vía judicial. “No puedes retirarle a alguien su estatus de residente legal permanente sin ir a los tribunales. Y, ahí, los hechos importan. Yo tengo la tranquilidad de que la lógica por la que quieren deportarme es fundamentalmente inconstitucional: la libertad de expresión está explícitamente protegida por la primera enmienda”, asegura.
Semanas antes de que Rubio anunciara el veto a los cinco europeos, Ahmed vio algún artículo en prensa que, citando fuentes anónimas, decía que la Administración Trump iba a ir a por él por su activismo. “Eso nos dio tiempo para prepararnos y juntar un gran grupo de abogados”, indica. El 24 de diciembre, al día siguiente de saberse en la lista, su equipo jurídico pidió a un juez federal de Nueva York una orden de restricción temporal (Temporary Restraining Order, o TRO) para paralizar el proceso y prevenir su posible detención. La corte se la concedió y ha bloqueado cualquier arresto o deportación de Ahmed hasta marzo de 2026.
“Las últimas semanas han sido muy estresantes, tanto desde un punto de vista profesional como personal”, confiesa la alemana Anna-Lena von Hodenberg, de 44 años, codirectora HateAid, una sociedad sin ánimo de lucro afincada en Berlín que presta ayuda psicológica y asesoramiento jurídico a personas afectadas por discursos de odio difundidos online, como amenazas de muerte o de violación. Los informes de HateAid se leen con atención en Bruselas y se han esgrimido para tomar decisiones relacionadas con la aplicación de la DSA, la normativa que tanto odia la Administración Trump.
Ese es seguramente el motivo por el que Von Hodenberg y su colega Josephine Ballon, de 35 años, también están en la lista negra de la Secretaría de Estado. Pese a que el foco de su trabajo se sitúa en Europa, probablemente entraron en el radar de la Casa Blanca a raíz de una entrevista que Ballon dio en marzo del año pasado al programa 60 Minutes de la cadena CBS. “Eso provocó una tormenta masiva de críticas y troleo de usuarios estadounidenses”, recuerda la alemana. Tres horas antes de que Rubio anunciara el castigo, Ballon, que tenía previsto un viaje a EE UU, recibió un email en el que se revocaba su autorización ESTA.
El veto ya ha tenido consecuencias, lamenta Von Hodenberg: “Dos importantes socios financieros nos han retirado su apoyo en el último mes”. “Esto nos ha obligado a hacer cambios internos para protegernos. Nos estamos preparando por si recibimos sanciones más duras todavía”, añade esta periodista de formación. Todavía están estudiando si tomarán o no medidas legales contra la decisión de la Secretaría de Estado.
Europa ‘censura’ a los estadounidenses
“Esto no va sobre nosotras: el gobierno de EE UU está desafiando la soberanía europea y trata de obstruir la aplicación la normativa comunitaria, concretamente la DSA, en las empresas estadounidenses”, opina Von Hodenberg. Su organización defiende a las personas atacadas online. El CCDH elabora informes claves para la aplicación de la DSA. El GDI, la institución que dirige Melford, monitoriza noticias de prensa en busca de desinformación y discursos que fomenten el odio, y luego comparten esa información con anunciantes para que decidan dónde poner su publicidad. “No censuramos. No boicoteamos. Nosotros solo investigamos y compartimos nuestros datos con las partes interesadas. Y el hecho de que me veten solo nos hará trabajar con más ahínco”, dice la directiva.
“Las grandes redes sociales no quieren implementar la normativa de los países europeos, donde ganan miles de millones de euros. El gobierno de EE UU les está apoyando amenazando con aranceles o con disminuir su implicación en la OTAN”, apunta Von Hodenberg. “La sanción que nos han impuesto a nosotras y a los otros tres europeos es un nuevo paso en esa escalada. En nuestra opinión, el debate sobre la censura es una excusa para defender los intereses económicos de las empresas a las que protegen”.
“Están tratando de silenciar nuestras investigaciones”, espeta Ahmed, del CCDH. “Creo que eso nos da más fuerza, tanto a mí como a los otros cuatro ciudadanos europeos vetados en EE UU, para seguir trabajando, porque si molestamos [a la Casa Blanca] quiere decir que algo bueno estamos haciendo”. El británico está dispuesto a dar la batalla, quiere seguir viviendo en el país donde ha formado una familia. “Los Gobiernos se portan mal a menudo. Somos nosotros, la ciudadanía, quienes no podemos dejar que lo hagan. Si no peleamos, si aceptamos la situación, lo perdemos todo”.
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