De ETA al narco: 50 años de macrocausas que colapsan la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional —concebida en la Transición para investigar, enjuiciar y hacer frente principalmente al terrorismo de ETA y a la “delincuencia compleja”— celebra su 50 aniversario en los próximos meses y encara el reto de repensar su estructura. Pese a la disolución de la banda armada vasca y al descenso de las causas por terrorismo, el tribunal lleva años con secciones al borde del colapso, con importantes retrasos en la fijación de juicios y con magistrados saturados reclamando refuerzos. El presidente del órgano, Juan Manuel Fernández, ha enviado una carta a magistrados y fiscales invitándoles a realizar una reflexión para proponer una modificación de competencias. El tribunal también ha solicitado ya incorporar nuevos efectivos.

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Abogados del turno de oficio renuncian a trabajar en la Audiencia Nacional

Las condiciones precarias en las que trabajan los abogados del turno de oficio en la Audiencia Nacional han provocado la renuncia de muchos de ellos a trabajar en el órgano. En procedimientos que pueden alargarse durante meses o años, los letrados perciben apenas 244,95 euros netos por asunto, según datos del Ilustre Colegio de la Abogacía Madrileño (ICAM). Esto se traduce en remuneraciones irrisorias a la hora si se cuentan los desplazamientos y los tiempos de preparación de causas que, en ocasiones, se convierten en monstruosas instrucciones. «No se puede exigir máxima responsabilidad y especialización en macrocausas, mientras se mantienen baremos que ni siquiera cubren costes reales del servicio», advirtió el decano del Colegio, Eugenio Ribón esta semana. El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha mostrado su «preocupación» por las consecuencias que esta renuncia pueda tener en la defensa de muchos imputados que requieren de un letrado de oficio. El Ministerio de Justicia, de quien dependen estas retribuciones, está en conversaciones con el ICAM para revisar el sistema.

 El presidente del órgano envía una carta a los magistrados y fiscales para que aporten ideas y reorganizar las competencias que llevan años cuestionándose  

La Audiencia Nacional —concebida en la Transición para investigar, enjuiciar y hacer frente principalmente al terrorismo de ETA y a la “delincuencia compleja”— celebra su 50 aniversario en los próximos meses y encara el reto de repensar su estructura. Pese a la disolución de la banda armada vasca y al descenso de las causas por terrorismo, el tribunal lleva años con secciones al borde del colapso, con importantes retrasos en la fijación de juicios y con magistrados saturados reclamando refuerzos. El presidente del órgano, Juan Manuel Fernández, ha enviado una carta a magistrados y fiscales invitándoles a realizar una reflexión para proponer una modificación de competencias. El tribunal también ha solicitado ya incorporar nuevos efectivos.

El debate sobre la reorganización de la Audiencia Nacional no es nuevo, pero comenzó a adquirir fuerza a raíz del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) a principios de 2024, cuando los agentes fueron arrollados por una narcolancha. El PP y el PSOE se mostraron dispuestos a reformar la legislación, pero finalmente no se ha avanzado. Y el cóctel que se debe afrontar resulta explosivo, según varias fuentes jurídicas: una falta de medios y una carga de trabajo que no para de crecer; y un reparto de competencias que les impide asumir las investigaciones sobre algunas grandes organizaciones criminales, mientras se les obliga a dirigir asuntos que podrían derivarse a juzgados ordinarios.

De hecho, hace más de una década que la Fiscalía comenzó a advertir de que las competencias de la Audiencia Nacional habían quedado “obsoletas” y “sobrepasadas por la realidad jurídica”; y que se necesitaba modificar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se contemplan sus funciones. “Parece imprescindible redefinir las competencias para reconvertir definitivamente a este órgano en una institución judicial especializada no solamente en la represión y persecución del terrorismo, de narcotráfico organizado o de la delincuencia, sino también de los delitos más graves contra la Constitución y el orden público, de los delitos contra la seguridad exterior del Estado y de la delincuencia organizada de alto nivel”, exponía ya la memoria de 2015 del ministerio público.

La criminalidad ha experimentado enormes cambios en las últimas décadas: han aparecido nuevas formas de terrorismo; complejas redes de inmigración ilegal y tráfico de drogas; una delincuencia socioeconómica cada vez más sofisticada, que evoluciona a una velocidad de infarto… Sin embargo, las modificaciones legislativas van mucho más despacio. Según censuran varias fuentes, esa parálisis ha provocado que, por ejemplo, la Audiencia Nacional solo asuma las pesquisas sobre organizaciones de tráfico de drogas cuando estas actúan en dos o más provincias de España, pero no cuando tienen como base una provincia y operan también en el extranjero —una situación muy habitual en las grandes tramas de crimen organizado—. La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Antidroga insisten desde hace un lustro en que esto supone un auténtico lastre para combatirlas, ya que pequeños juzgados (sin suficientes medios y, muchas veces, muy saturados) tienen que asumir causas muy complejas.

“La competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de delitos contra la salud pública y el blanqueo procedente de estos delitos no se corresponde con la realidad de la delincuencia organizada”, destacó la Fiscalía Antidroga, dirigida por Rosa Ana Morán. La Fiscalía General del Estado se pronunció en igual sentido: “El narco evolucionó, desarrollando una dimensión global, digital y económica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales que superan el actual modelo que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional”.

Lo mismo ocurre con la gran trata de seres humanos, que esconde detrás casos de explotación sexual y laboral. Fuentes del tribunal señalan que es necesario ajustar la redacción de la ley para que la Audiencia Nacional coja las riendas de las redes con proyección extranjera, aunque solo estén asentadas en una provincia.

Bajo el foco se sitúan igualmente las macroestafas piramidales, que han resurgido con el auge de la inversión en criptomedas. En este caso, algunos magistrados explican que esas causas están “hundiendo” en papel a los Juzgados Centrales de Instrucción cuando, en realidad, podrían llevarse en tribunales ordinarios y “objetivar” los criterios para que sólo se dirigieran a la Audiencia los que tengan un alto índice de víctimas: “Más de 500 víctimas, por ejemplo”, proponen. Actualmente, se utiliza como vara de medir una jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que, si el fraude supera los siete millones de euros, la Audiencia Nacional asume la cuestión.

Otro magistrado apunta la anomalía que supone que, a pesar de que la Sala de Apelación fue creada hace casi una década, los recursos que se plantean a día de hoy a las extradiciones siguen pasando por el pleno de la Sala de lo Penal, en vez de elevarse directamente a la Sala de Apelación.

A su vez, varias voces recuerdan que tanto por la Sala de lo Penal como por el Tribunal Supremo pasan muchos de estos asuntos de conflicto de competencias y esto provoca que se pierda un tiempo muy valioso en instrucción. Cuando un magistrado cree que el tema no debe seguirse en la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía o alguna parte opina que sí, debe resolverse el conflicto. Ocurrió, por ejemplo, con la investigación contra la compañía aérea Plus Ultra, que la Fiscalía Anticorrupción trató de que se quedara en la Audiencia Nacional sin éxito. Lo mismo pasó con la causa contra el teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva —ex jefe Antidroga en Andalucía tras la creación de OCON-SUR— que comenzaron a analizarse en la Audiencia Nacional, pero terminaron en un juzgado de Parla.

Con estos mimbres, Juan Manuel Fernández ―que tomó posesión del cargo de presidente en abril de 2025― ha planteado a sus colegas que es tiempo de hacer propuestas concretas. Algunas fuentes hablan de la posibilidad de crear distintos grupos de trabajo (sobre extradiciones, tráfico de drogas, crímenes económicos y delitos contra las altas instituciones) para que se discutan las competencias que están en la ley. Ya se ha empezado a debatir sobre un borrador, aseguran fuentes fiscales.

El colapso

Paralelamente, la Audiencia Nacional reclama al Ministerio de Justicia medios para poder poner en marcha la nueva Ley de Eficiencia que entró en vigor este 1 de enero y que cambia el paradigma de los tribunales. El presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, envió una carta de alarma a la jefatura de la Audiencia Nacional el pasado 10 de julio de 2025 sobre el colapso: “La actual situación en que se encuentra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en mayor medida la Sección Segunda, es debido al elevado número de procedimientos con muchos encausados y numerosas pruebas, lo que determina la larga duración de las vistas orales”.

En esta línea, la Fiscalía Anticorrupción habló en su última memoria de que el atenuante de dilaciones indebidas —es decir, por retrasos en la tramitación de las causas— se está aplicando casi de forma automática en muchos casos y eso provoca que los delincuentes salgan beneficiados. “Resulta llamativo que, con frecuencia, las mayores dilaciones de estos procedimientos no se encuentren en la fase de instrucción, sino en la llamada fase intermedia, una vez concluidas estas complejas instrucciones y ya presentado el escrito de acusación por el Ministerio Fiscal”, indicaba el fiscal jefe Alejandro Luzón.

Esto quiere decir que, desde que se pone punto final a la investigación y comienza el juicio, pueden pasar muchos años. Y no son pocos los casos que lo demuestran. El pasado noviembre empezó la vista contra Jordi Pujol y sus hijos, pese a que las pesquisas se dieron por finalizadas en 2020. Este 2026 arranca el juicio del caso Kitchen contra, entre otros, Jorge Fernández Díaz (exministro del Interior del PP) y Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) por una instrucción que acabó en 2021. En ese mismo ejercicio se concluyó una pieza del caso Lezo sobre el campo de Golf del Canal y por la que el expresidente madrileño Ignacio González no será juzgado hasta 2027.

Esta misma semana, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha renunciado a su acta en el Congreso por lo que una parte de su investigación, la relativa a los amaños de obra pública, recalará en la Audiencia Nacional, puesto que ya no es aforado. Esto provocará de forma inevitable que el procedimiento se dilate durante años, según vaticinan ya fuentes jurídicas. No solo porque ahora el exdiputado tiene más posibilidades de las que tenía en el Tribunal Supremo para recurrir si finalmente le condenan, sino porque para llegar a un eventual juicio, la causa debe ponerse a la cola de todas las que están esperando en este órgano por un hueco en el calendario.

Fuentes del tribunal explican que la Sala de lo Penal acumula una veintena de causas apiladas a la espera de fecha para ser enjuiciadas, pero sin días libres ni medios para señalarlos. Por ello, el presidente Fernández ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de crear una nueva sección completa en la Sala de lo Penal, además de tres comisiones de servicios para esa misma Sala; así como la puesta en marcha de otros dos Juzgados Centrales más para instruir procedimientos y dos secciones más en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

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