Una ley obligará por primera vez en democracia a hacer al menos un debate en la pública en cada elección

El Consejo de Ministros ha presentado un anteproyecto de ley que acabaría con una larga y muy improductiva tradición española en todas las campañas electorales: el debate sobre el debate. Ya no habrá más discusión: el Gobierno plantea cambiar el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para hacer obligatorio al menos un debate entre todos los candidatos en las cadenas públicas en todos los procesos electorales, esto es no solo los nacionales, sino también los autonómicos. La reforma necesitará la mayoría absoluta del Congreso, pero el Gobierno cree contar con ella porque hay un consenso importante dentro de la mayoría de la investidura e incluso otros grupos podrían apoyarlo, a la espera de la posición del PP. Se acabaría así con un eterno debate del debate que en muchas ocasiones ha acabado con frustraciones y campañas electorales sin ningún debate, solo uno en alguna cadena privada o encuentros con candidatos ausentes. Si se aprueba esta ley, ninguna de estas cosas podrá volver a suceder.

Desde 1993, cuando empezaron los debates electorales en España, que ya eran habituales en otros países con más tradición democrática, con dos decisivos cruces entre Felipe González y José María Aznar que marcaron la campaña, hasta 1996, cuando Aznar, que ya se veía ganador, decidió no concederle a González ningún debate y no arriesgarse a una derrota inesperada como la de 1993, pasando por años muy tensos, como la decisión de Mariano Rajoy en 2015 de mandar a Soraya Sáenz de Santamaría, su número dos, al debate a cuatro con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, el intento de Sánchez por hacer un solo debate en 2019, que acabó forzado a hacer dos en dos días consecutivos, algo inédito y poco racional, o la clamorosa silla vacía que dejó Alberto Núñez Feijóo en el último debate a cuatro en julio de 2023, que algunos expertos señalan como un error que le costó muy caro, el debate sobre el debate ha sido la norma en todas las campañas.

La reforma del artículo 66 de la LOREG, que ahora se someterá a todos los informes preceptivos, incluido el de la Junta Electoral Central, que rige los procesos electorales, implica que la nueva norma fijará “la obligación de celebrar, al menos, un debate durante cada campaña electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, al que estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente”.

En la norma se establece que podrán participar en este debate “todos los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes” y abre la posibilidad de que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina “grupos políticos significativos”, esto es lo que, pese a no haberse presentado a los anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, “en posteriores comicios en el ámbito territorial del medio de difusión público de que se trate hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”, señala el Ejecutivo. Es una forma así de dar más pluralidad a los debates. Los medios de comunicación privados no están sometidos a estas obligaciones, pero si hacen debates, “deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la LOREG: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad”, señala el Ejecutivo. Esto es algo que ya sucedió en el pasado, y la Junta Electoral obligó a incluir a más partidos en esos encuentros a algunos medios privados.

Los Microdatos anónimos

El Gobierno también incluye en este anteproyecto otra de las iniciativas que había incluido en su llamado plan de acción por la democracia, la idea de obligar a las empresas de sondeos a publicar todos los microdatos, algo que ya hace desde el principio 40dB., la compañía que elabora las encuestas para EL PAÍS y la Cadena SER. La legislación actual, explica el Gobierno, señalan que las encuestas “deben ir acompañadas de una ficha que especifique la entidad que realiza el trabajo demoscópico, las características técnicas del sondeo, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que han contestado a cada una de ellas”. Con la nueva norma, que cambia el artículo 69 de la LOREG, se añade “la obligación de dar publicidad también a los ficheros de microdatos, que son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información”. “Acceder en abierto a los datos individuales, anonimizados, permite garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones”, remata el Gobierno. También el CIS muestra sus microdatos, además de 40dB., pero la mayoría de las demás compañías privadas no lo hace.