La nueva política de vivienda del Gobierno, adelantada por Pedro Sánchez en enero, comienza a ofrecer los primeros datos económicos y los posibles resultados en la deuda pública. Sareb, el conocido como banco malo, va a transmitir a la nueva empresa estatal de suelo y vivienda (la actual Sepes) 40.000 casas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para construir otros 55.000 pisos, según anunció este martes Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La factura de ese traspaso está valorada en 5.900 millones de euros a precio de mercado, añadió la ministra.
Sareb traspasa casi todos los activos residenciales y se queda con una cartera de préstamos fallidos de 14.309 millones
La nueva política de vivienda del Gobierno, adelantada por Pedro Sánchez en enero, comienza a ofrecer los primeros datos económicos y los posibles resultados en la deuda pública. Sareb, el conocido como banco malo, va a transmitir a la nueva empresa estatal de suelo y vivienda (la actual Sepes) 40.000 casas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para construir otros 55.000 pisos, según anunció este martes Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La factura de ese traspaso está valorada en 5.900 millones de euros a precio de mercado, añadió la ministra.
Pero en realidad, ese traspaso entre las dos entidades controladas por el sector público se hará mediante una donación gratuita o transmisión lucrativa, es decir, que Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) no recibirá ni un euro por ceder esa cartera. La consecuencia principal de esta decisión es que tendrá menos recursos para repagar la deuda de 29.400 millones actual (a cierre de 2023, la última disponible), que está avalada por el Tesoro y que debe devolver antes de 2027. Si no lo hace, deberá ser el Estado el que se quede con esos pasivos.
Esta situación choca frontalmente con lo que aseguró en 2012 Luis de Guindos (PP), entonces ministro de Economía, en la creación del banco malo, cuando aseguró que no tendría costes para el contribuyente e incluso que daría una rentabilidad del 15%. Esta sociedad se constituyó ese año con un horizonte temporal hasta 2027, cuando tendrá que ser liquidada, y dio pérdidas desde el primer día.
Sareb nació comprando los activos tóxicos inmobiliarios procedentes del rescate bancario de las cajas de ahorro, tras el estallido de la crisis financiera y del ladrillo de 2008, por un importe de 50.781 millones. Para afrontar esa adquisición, la entidad se endeudó en la misma cifra al emitir bonos avalados por el Estado a devolver hasta 2027. Esa cartera de activos estaba compuesta en ese momento por 39.438 millones de préstamos fallidos con garantía inmobiliaria y 11.343 millones en propiedades. Entre las entidades rescatadas se encontraron Bankia, Catalunya Caixa, NGC, Banco de Valencia, España Duero o Liberbank, todas ellas desaparecidas o integradas en otros bancos y cajas.
Desde entonces, Sareb se ha ido desprendiendo de esos activos inmobiliarios y financieros en ventas a particulares o en grandes carteras a fondos y, con esos recursos, ha ido repagando la deuda, que actualmente se sitúa en los citados 29.400 millones.
Al pasar a Sepes de forma gratuita las 40.000 casas y 2.400 suelos, valorados en 5.900 millones, el banco malo no se embolsará esa cifra por las ventas tradicionales, por lo que tendrá más dificultades para afrontar el conjunto de la deuda.
Vaciado por fases de Sareb
Los últimos datos disponibles muestran que el banco malo dispone de una cartera de activos de 23.104 millones, de los que 14.309 millones son préstamos fallidos con colateral inmobiliario y 8.795 millones son activos reales, con alrededor de 37.500 pisos disponibles en muy diversas situaciones, como en reclamación judicial de la propiedad por impago de los créditos, sin toma de posesión, okupadas ilegalmente, con contratos de arrendamiento o destinadas a vivienda social.
A esas 37.500 viviendas se le suman alrededor de otras 10.000 que actualmente están en proceso de transformación o reclamación judicial, y de entre todas se han seleccionado las 40.000 unidades anunciadas por Rodríguez. Por tanto, el banco malo solo se quedará con las casas que no cumplan los criterios de Sepes, las que están en transformación (dentro de los 14.309 millones en créditos fallidos), activos terciarios (como puedan ser oficinas y hoteles) y los suelos en gestión urbanística (que no tienen licencia finalista para urbanizar).
Entre las propiedades que se traspasan a Sepes también se encuentran los de la promotora Árqura (controlada por Sareb y cuya venta se paralizó) y los del conocido como Proyecto Viena de construcción de vivienda asequible junto a capital privado, también cancelado.
Las 40.000 casas no pasarán de forma inmediata a Sepes, sino por fases. Rodríguez citó que podrían ser 13.000 viviendas las que se transmitieran de forma casi inmediata. Las demás las irá transmitiendo Sareb a la nueva empresa estatal cuando las tenga en condiciones jurídicas de hacerlo.
La ministra de Vivienda explicó que técnicamente esos activos pasarán primero a Patrimonio del Estado y, posteriormente, irán a la nueva sociedad estatal de vivienda y suelo, que tiene como germen a la actual Sepes.
Rodríguez también afirmó que esta decisión de traspaso a Sepes, para que esas casas pasen a formar parte del parque público de vivienda asequible, es un cambio en la política respecto a cuando se creó Sareb, porque según sus palabras se ha pasado “de rescatar a los bancos a rescatar hoy a las familias”. Para poder llevar a cabo este movimiento, el Gobierno se ha basado en el principio de utilidad social que introdujo entre los objetivos del banco malo en un decreto en 2022, que moldeaba de esta forma el destino inicial de la entidad consistente en liquidar todos sus activos y amortizar la deuda.
El futuro de Sareb
El banco malo está controlado en un 51% por el FROB (organismo dependiente del Ministerio de Economía) desde 2022, después de que un año antes Bruselas obligara al Estado a sumar la factura de Sareb a la deuda pública, al estar avalada por el Tesoro. Otros accionistas relevantes que quedan en la entidad son Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank e Ibercaja.
El decreto con el que nació Sareb indica que en 2027 debe ser liquidado, aunque el Gobierno todavía no ha dado pistas de cómo lo hará. La ministra Rodríguez no quiso responder sobre este tema en la rueda de prensa tras el consejo de ministros, pasando la pelota a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, del que dependen el FROB y el Tesoro. Por tanto, tampoco se ha dado pistas de cómo se devolverá la deuda cuando venza dentro de dos años.
Tras la salida de la mayor parte de propiedades hacia Sepes, Sareb se quedará con un futuro de menos de dos años de vida (si no se extiende su vigencia) para ir transformando los créditos fallidos en el colateral inmobiliario, traspasando casas a Sepes, gestionando suelo en desarrollo y deshaciéndose de carteras de préstamos.
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