Félix Bolaños rebaja el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales al 28,75%

Choque de cifras entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado esta semana tres días de parones por el seguimiento de la huelga. Las asociaciones cifran un respaldo casi masivo: afirman que el 75% de los jueces y fiscales secundaron los paros del primer día y que este miércoles, lo ha hecho el 70%. Por otro lado, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles en una entrevista en Cadena SER a primera hora de la mañana que los datos que maneja el Gobierno, facilitados por los letrados de la Administración de Justicia, ha sido del 28,75% durante el primer día. “Cualquier parecido de esta cifra que dieron las asociaciones judiciales y fiscales con la realidad es pura coincidencia”, ha declarado Bolaños. De momento, el Ministerio de Justicia no ha dado datos sobre el seguimiento de la huelga durante la segunda jornada.

La estimación de las asociaciones convocantes (la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) está fundamenta “en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga”.

Los jueces y fiscales convocaron tres días de huelga, desde este martes hasta mañana jueves, en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.

Bolaños ha vuelto a recordar en la radio que el Consejo General del Poder Judicial afirma que la huelga no tiene base legal y ha subrayado que aún no han recibido información sobre las personas que han secundado el parón: “Yo respeto las movilizaciones, los paros, el derecho a huelga de jueces y fiscales en nuestro país. Pero sí le digo que el derecho a huelga conlleva un deber, que es la obligación de no cobrar ese día de trabajo. Para no cobrar hay que comunicar al organismo pagador, que este caso es el Ministerio, las personas que han ejercido su derecho a Huelga. Y en este momento el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, le deduciremos el día de salario ha sido exactamente cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga porque no nos han comunicado quienes son las personas que han secundado el paro”. Por otro lado, el ministro ha dicho que tan pronto como les vayan remitiendo esos nombres, actualizarán “con total transparencia” las cifras del seguimiento.

Durante la primera jornada de paros, se dio “una aparente normalidad” en los juzgados madrileños, según fuentes judiciales. En los de Plaza de Castilla, por ejemplo, no se registraron incidentes y muchas vistas previstas se realizaron sin retrasos. En la Audiencia Nacional, los dos grandes juicios previstos se desarrollaron también con total normalidad. La Ciutat de la Justícia de Barcelona también vivió el trajín habitual a pesar de estar en la primera jornada de huelga y en Sevilla, la Audiencia anunció a través de su pantalla el retraso de cinco juicios de sus secciones primera y cuarta, y un sexto se mantenía programado para las 12.30 horas.

Paralelamente, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda para concretar uno de los puntos más polémicos de la reforma y por el que más protestan los jueces y fiscales que secundan el parón: el proceso para convertir en fijos a un millar de jueces y fiscales que ejercen desde hace años como sustitutos. La nueva propuesta de los socialistas buscan aclarar aspectos del proyecto de ley, como quiénes pueden presentarse al proceso extraordinario para entrar en la carrera judicial o fiscal sin pasar la oposición habitual. El proyecto de ley establecía que podría participar cualquier licenciado en Derecho con cinco años “de ejercicio profesional” y ahora la enmienda lo restringe a los profesionales que acrediten al menos cinco años “de ejercicio en profesiones jurídicas que exijan para su desempeño estar en disposición” de la licenciatura o el grado en derecho, “y que tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales”, como jueces y fiscales sustitutos, abogados y procuradores.