La amnistía a los independentistas catalanes llega este martes a la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE. Los magistrados de Luxemburgo tienen que dirimir sobre cuatro cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales españoles que ponen en cuestión que la norma, clave para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, se ajuste al ordenamiento jurídico de la Unión. Entre las preguntas a aclarar el TJUE deberá responder si cree que la independencia catalana habría dañado los intereses financieros de la UE, si la amnistía es una autoamnistía —como defiende la Comisión Europea— y si se puede diferenciar entre diferentes niveles de gravedad del terrorismo.
Las cuestiones prejudiciales buscan aclarar si la independencia habría dañado los intereses financieros de la UE o la ley es una autoamnistía
Las cuestiones prejudiciales buscan aclarar si la independencia habría dañado los intereses financieros de la UE o la ley es una autoamnistía


La amnistía a los independentistas catalanes llega este martes a la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE. Los magistrados de Luxemburgo tienen que dirimir sobre cuatro cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales españoles que ponen en cuestión que la norma, clave para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, se ajuste al ordenamiento jurídico de la Unión. Entre las preguntas a aclarar el TJUE deberá responder si cree que la independencia catalana habría dañado los intereses financieros de la UE, si la amnistía es una autoamnistía —como defiende la Comisión Europea— y si se puede diferenciar entre diferentes niveles de gravedad del terrorismo.
Aunque el TJUE tiene cuatro cuestiones prejudiciales sobre la mesa referentes a la amnistía, en realidad, este martes solo se abordan dos de forma oral: las presentadas por el Tribunal de Cuentas español y por la Audiencia Nacional. Las otras no se abordarán de forma oral, solo por trámite escrito.
Las cuestiones del Tribunal de Cuentas, un asunto que afecta a 33 antiguos altos cargos del Govern, entre ellos, los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont. Buscan aclarar si la independencia catalana hubiera dañado los intereses financieros de la UE. El argumento que expone este órgano español es al contribuir los Estados miembros a las arcas de la UE en función de su renta nacional bruta, la salida de Cataluña de España y, por tanto, de la Unión hubiera supuesto una menor contribución española. También plantea cuestiones sobre el plazo de dos meses que da a los jueces para resolver sobre una amnistía cuando un acusado o condenado presenta la solicitud o si es legal no reconocer que partes no afectadas directamente en intereses financieros.
Para la Comisión Europea, concluir que la independencia catalana dañaría los intereses de la UE es una interpretación excesivamente extensiva que no entra dentro del derecho comunitario. En cambio, Bruselas sí que puso sobre la mesa argumentos sobre los que el TJUE ha mostrado interés. ¿Es la amnistía una autoamnistía? ¿Se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La Comisión cree que sí es un autoamnistía y, por tanto, no se ajustaría a esa jurisprudencia.
Estas cuestiones pueden centrar el interés de la vista durante la mañana, puesto que se derivan de lo planteado por el Tribunal de Cuentas. No se abordaría, en teoría, la posible malversación en la que hubieran incurrido los líderes independentistas por los gastos derivados de la organización del procés y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 puesto que no aparece en las preguntas formuladas. Sin embargo, no se descarta que alguna de las partes lo haga, ya que es la figura penal que está utilizando el Tribunal Supremo para no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y Toni Comín.
Será ya por la tarde cuando se aborden las cuestiones planteadas por la Audiencia Nacional por la causa que pesa sobre 12 miembros de los Comités en Defensa de la República. Este grupo está procesado por preparar acciones violentas contra edificios públicos en Cataluña, en respuesta a la sentencia del procés.
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Sobre la firma

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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