Tres dimisiones en diez días: el escándalo de los políticos y sus falsos y fluctuantes currículos

Solo en los últimos 10 días han dimitido por irregularidades o falsedades en su currículum tres políticos de ámbito nacional y autonómico vinculados a tres siglas distintas: el PP, el PSOE y Vox. Y no son, ni mucho menos, los primeros en caer por ese motivo, lo que evidencia que se trata de un problema transversal al que ninguno de los partidos ha querido poner coto.

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 Los afectados están vinculados al PSOE, al PP y a Vox. Ni los partidos ni las instituciones contrastan suficientemente la información facilitada  

Solo en los últimos 10 días han dimitido por irregularidades o falsedades en su currículum tres políticos de ámbito nacional y autonómico vinculados a tres siglas distintas: el PP, el PSOE y Vox. Y no son, ni mucho menos, los primeros en caer por ese motivo, lo que evidencia que se trata de un problema transversal al que ninguno de los partidos ha querido poner coto.

El último en renunciar al cargo tras descubrirse que había falseado su currículum es Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura que inició la legislatura como director general de Caza y Pesca de Vox y, tras decidir el pasado verano el partido de Santiago Abascal abandonar los gobiernos de coalición autonómicos con el PP, optó por darse de baja en la formación, informa José Emiliano Barrena. Higuero figuraba en el portal de la Junta de Extremadura como “licenciado en Marketing por el CEU en 1993”, pero esos estudios, como adelantó El Plural, no existían en ese momento. Las primeras promociones de la licenciatura en dicha Universidad se graduaron en 2013: 20 años más tarde de la fecha en la que, según Higuero, obtuvo el título. La presidenta extremeña, María Guardiola, del PP, ha recibido este viernes la carta de renuncia del consejero, quien, según un comunicado, ha tomado la decisión para “no causar ningún perjuicio al Gobierno autonómico”.

Apenas 24 horas antes que Higuero, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recibió otra carta de renuncia, en este caso, del comisionado del Gobierno para la dana y presidente de los socialistas valencianos, José María Ángel Batalla, en cuyo expediente personal figuraba un falso título de la Universidad de Valencia, según la Agencia Antifraude valenciana, y que había sido promocionado por un acuerdo de Gobierno de la Diputación de Valencia —entonces presidida por el PSOE— al grupo B (actual A-2) del cuerpo de funcionarios pese a que carecía de una diplomatura. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien es, además, ministra de Universidades, ha expresado su “dolor” por haber perdido a “una persona que es una institución” y ha pedido no entrar en un “debate de titulitis”.

La Fiscalía Anticorrupción estudia ahora el caso tras las primeras comprobaciones practicadas por la Agencia Antifraude, que en su informe apunta a la falsedad de un documento público, como es un título académico, y señala que Ángel Batalla podría haber estado beneficiándose del reconocimiento de “emolumentos superiores” en sueldo, grado y trienios, a los que le correspondían. Por su parte, el síndic (portavoz)del PSOE en el Parlamento valenciano, José Muñoz, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de “asaltar la Agencia Antifraude para utilizarla contra sus adversarios políticos”. “Mazón”, afirmó, “está creando la Kitchen valenciana”, en alusión a la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar al PP. A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que Ángel no ha dado aún explicaciones concretas sobre el falso diploma.

Fue el caso de Noelia Núñez, diputada del PP, vicesecretaria nacional y valor al alza en la formación política, el que reactivó la fiscalización de currículos de cargos públicos. Núñez, a la que Isabel Díaz Ayuso amadrinó en el partido, figuraba en su ficha del Congreso como poseedora de un “doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública”, pero no había obtenido título universitario alguno. En un primer momento, lo atribuyó a “una equivocación sin ánimo alguno de engaño”, pero posteriormente, el pasado 23 de junio, presentó su dimisión. Núñez no aprovechó ninguna de las entrevistas que le realizaron previamente, y en las que era presentada como una joven con un amplio currículum académico, para desmentir tales errores.

A raíz del falso currículum de Núñez se viralizó en redes un vídeo de 2021 en el que el entonces candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, decía: “Ahora se ha puesto de moda el currículum. Yo creo en el currículum, en la formación, en los idiomas… pero lo primero es ser honesto y trabajador”. La polémica también ha desatado una guerra de currículos en la que el PP y el PSOE se acusan mutuamente de inflar la formación de sus respectivos cargos.

Los partidos no exigen a sus políticos una titulación específica, como tampoco es requisito para formar parte de las Cortes. Sin embargo, proliferan los casos en los que cargos públicos u orgánicos mienten sobre su formación, y no suelen ser las instituciones u organizaciones que los acogen quienes destapan esas falsedades, sino los medios de comunicación o formaciones rivales. Otros casos sonados que terminaron en dimisión fueron los de la popular Cristina Cifuentes y la socialista Carmen Montón. Cifuentes abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid después de que se destapasen las irregularidades en la titulación de un máster en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos y tras difundirse un vídeo de 2011 donde se ve cómo un agente de seguridad la retiene en un supermercado por haber robado dos cremas. La Audiencia Provincial de Madrid la absolvió finalmente pese a que la Fiscalía pedía tres años de cárcel para ella por inducir a la falsificación del acta del trabajo fin de máster. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a la exdirigente del PP, pero condenó a tres años de prisión a María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno autonómico, y a un año y seis meses a Cecilia Rosado, quien reconoció durante el juicio ser la autora material de la falsificación. En cuanto a Montón, dimitió ese mismo año como ministra de Sanidad del primer gabinete de Pedro Sánchez después de que La Sexta revelase que había plagiado buena parte de su trabajo de fin de máster y de que la universidad que lo impartía, también la Universidad Rey Juan Carlos, admitiese que sus notas habían sido manipuladas.

Falta de control

El Congreso facilita una ficha de cada diputado que incluye su formación, así como una declaración de bienes y rentas, otra de actividades y otra de intereses económicos. Lo hace con la información que le proporcionan los propios parlamentarios y no la somete a contraste alguno. Los recién aprobados estatutos del PP establecen que para “acceder a un cargo público u orgánico” los populares deben realizar “una declaración responsable en la que manifiesten cumplir la honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia para la que hayan sido elegidos, especialmente, la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados y que dispone de la documentación que así lo acredita”. Además de pedir a los suyos la declaración de actividades económicas, de bienes y patrimonio, el partido reclama, para su publicación en la web, el currículum.

Los estatutos del PSOE, por su parte, consideran una “falta muy grave”, es decir, motivo de suspensión o expulsión, “la falsedad u ocultación deliberada de datos en la declaración que se suscriba con motivo de la afiliación, o en aquellas que procedieran por concurrencia a procesos congresuales o de elecciones primarias, o por acceso o cese de cargos públicos y orgánicos”.

La politóloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, organización que trata de mejorar la calidad del sistema señalando sus deficiencias y proponiendo medidas, recuerda que “la misión más importante de los partidos es la de seleccionar a gente, es decir, tienen la responsabilidad de no elegir a corruptos. El primer control debería estar ahí, en las propias formaciones, pero no lo hacen ni con los currículos ni con el patrimonio. Si acudes a una oposición tienes que documentar todos los méritos con los que te presentas, pero los políticos nada. Los partidos deben establecer controles y métodos de contraste, tanto con los currículos como con el patrimonio”.

El llamado Plan de Acción por la Democracia, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expuso por primera vez en el Congreso en julio del año pasado, incluía una propuesta de reforma del reglamento del Congreso y del Senado para “reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta”. La medida está pensada, sobre todo, para el ámbito de las incompatibilidades o conflicto de intereses, pero podría afectar también a los currículos académicos.

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