Amnistía Internacional ha publicado este martes un informe en el que denuncia la descoordinación entre administraciones, la falta de recursos adecuados, los retrasos en la documentación y los casos de malos tratos en el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias. El informe A día de hoy no tengo nada recoge varias peticiones urgentes. La primera, mejorar la coordinación entre Administraciones y asegurar que todos los menores obtengan documentación antes de cumplir los 18 años. Exige, a su vez, garantizar un sistema de inspección y control de los centros y que se lleve a cabo estudio individualizado de la situación del menor para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo estén guidas por el principio del interés superior del menor. Y, por último, reclama que se lleve a cabo un reparto vinculante de los menores entre las distintas comunidades.
La organización reclama un reparto vinculante entre las comunidades autónomas, una mejora en el sistema de documentación y más inspecciones en los centros
Amnistía Internacional ha publicado este martes un informe en el que denuncia la descoordinación entre administraciones, la falta de recursos adecuados, los retrasos en la documentación y los casos de malos tratos en el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias. El informe A día de hoy no tengo nada recoge varias peticiones urgentes. La primera, mejorar la coordinación entre Administraciones y asegurar que todos los menores obtengan documentación antes de cumplir los 18 años. Exige, a su vez, garantizar un sistema de inspección y control de los centros y que se lleve a cabo estudio individualizado de la situación del menor para asegurar que las decisiones que se adopten tanto a corto como a largo plazo estén guidas por el principio del interés superior del menor. Y, por último, reclama que se lleve a cabo un reparto vinculante de los menores entre las distintas comunidades.
“Llevamos años repitiendo que los fallos en el sistema de protección en Canarias son una responsabilidad compartida con el ministerio fiscal y el Gobierno central, a lo que se añade la (falta de) solidaridad de las demás comunidades autónomas del Estado español”, sentencia Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en un comunicado remitido por la organización. “Se siguen lanzando la pelota unos a otros y, como consecuencia, los niños y niñas siguen sin la adecuada protección”.
El informe subraya que el sistema de acogida se encuentra saturado y con falta de personal especializado. Actualmente, hay 82 centros de emergencia para menores en Canarias, muchos de los cuales superan su capacidad. En algunos casos, se han documentado centros con más de 400 niños y niñas, lo que dificulta su atención y protección. Amnistía Internacional también alerta sobre la escasez de inspecciones: entre 2020 y 2024, solo se supervisaron 27 centros, lo que ha permitido que se mantengan condiciones inadecuadas. A esta sobreocupación se une la falta de personal con la formación adecuada para tratar con menores. Esta escasa preparación como educadores también fue señalada a Amnistía Internacional por algunas de las autoridades con las que habló la organización, alguna de las cuales lamentó que en algunos casos se acudía a contratar a “porteros de discotecas”.
La consecuencia más grave, destaca AI, se muestra en algunas denuncias de malos tratos documentadas por la organización. Varios menores con los que habló la organización relataron haber presenciado o sufrido represalias por trabajadores de los centros, incluyendo castigos, la privación de comida, retirada del abono transporte, o confiscación de sus teléfonos o del dinero de bolsillo, que luego no les era devuelto, así como amenazas de trasladarlos a centros concretos. La organización recuerda, a su vez, que la Fiscalía de Canarias tiene abiertas cuatro investigaciones por agresiones y abusos a menores, una investigación que adelantó EL PAÍS.
Otro de los principales problemas es el retraso en la obtención de documentación de los menores. Obtener un permiso de residencia, destaca Amnistía Internacional, puede tardar más de un año y medio, lo que deja a muchos sin documentación al cumplir los 18 años y los coloca en situación de irregularidad. La falta de coordinación entre el Gobierno canario, la Fiscalía y el Ministerio del Interior también ha generado diferencias de criterio en la identificación de menores, lo que ha llevado a que algunos sean considerados erróneamente adultos y alojados en centros para mayores.
“Se olvida que el niño o la niña migrante, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, tiene derecho a ser escuchado, y protegido, como cualquier otro menor”, señala en un comunicado Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España. “Entre los niños y niñas que están llegando a Canarias, hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas”.
A la organización le preocupa también que no se esté garantizando la realización de un estudio individualizado de la situación de los niños. “Hay perfiles muy vulnerables o con necesidades específicas: niños y niñas que huyen de violaciones de derechos humanos, menores supervivientes de contextos de violencia o trauma, incluso, aunque en menor medida, niñas que habían sufrido mutilación genital femenina o que llegan con implantes anticonceptivos (en ocasiones rotos)”, relata Virginia Álvarez.
Canarias tutela en la actualidad a unos 5.785 niños y adolescentes, y sigue atascado un posible reparto a otras comunidades. El Gobierno busca reformar la Ley de Extranjería para que todas las regiones asuman parte del esfuerzo de acogida que actualmente recae en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. La modificación legislativa, rechazada el pasado verano en el Congreso, sigue pendiente, mientras no cesan las llegadas de embarcaciones con migrantes.
El proceso, sin embargo, parece haber tomado un nuevo impulso. Por un lado, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a presentar esta semana un mecanismo de financiación para que las comunidades autónomas afronten la acogida adicional. Por otro, el Ejecutivo estudia la posibilidad de aprobar el cambio legislativo por decreto ley en el Consejo de Ministros, un escenario que hasta ahora se descartaba. Aun así, la medida necesitará respaldo parlamentario. Con el rechazo firme de PP y Vox, su aprobación dependerá del posicionamiento de Junts.
Tampoco está claro el concurso de las comunidades que preside el PP. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dijo este lunes que no va a admitir más ningún reparto de migrantes en su comunidad. Su homólogo canario, Fernando Clavijo (que preside el archipiélago con el apoyo de los populares), ha respondido que este hecho “ratifica” su opinión de que la solidaridad “ha fracasado”. “Alberto Núñez Feijóo tendrá que decidir si quiere ser un partido que quiera gobernar España con un proyecto de país y que quiere dar una respuesta civilizada y decente a este drama humanitario, o quiere irse a otras tesis”.
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