22 de diciembre de 2025

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Auge y caída del hombre en la sombra que manejaba el poder empresarial del Estado

El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, durante su comparecencia en la comisión Koldo en el Senado en junio.

El pasado 5 de diciembre, Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973), tenía razones para estar eufórico. La Audiencia Provincial de Sevilla notificó su absolución en el caso Aznalcóllar. Fernández envió la noticia a algunas personas de su entorno después de seis años bajo sospecha. No era para menos, aquella imputación en octubre de 2019 fue el principio del fin para un alto funcionario con una carrera meteórica, que llegó al culmen cuando fue nombrado en junio de 2018 presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI, el conglomerado de empresas públicas y participaciones de control en compañías estratégicas. Uno de los lugares desde que el que se ostenta más poder, solo superado por los sillones nobles de algunas corporaciones del Ibex 35, la Real Casa de la Aduana (sede de Hacienda) o el Palacio de la Moncloa.

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 Vicente Fernández fue un brillante letrado de la Junta de Andalucía y llegó a ostentar uno de los puestos de más poder en el mundo de las corporaciones públicas en España. De la cumbre profesional ha caído a los infiernos tras ser detenido por la Guardia Civil acusado de diversos delitos de corrupción  

El pasado 5 de diciembre, Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973), tenía razones para estar eufórico. La Audiencia Provincial de Sevilla notificó su absolución en el caso Aznalcóllar. Fernández envió la noticia a algunas personas de su entorno después de seis años bajo sospecha. No era para menos, aquella imputación en octubre de 2019 fue el principio del fin para un alto funcionario con una carrera meteórica, que llegó al culmen cuando fue nombrado en junio de 2018 presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI, el conglomerado de empresas públicas y participaciones de control en compañías estratégicas. Uno de los lugares desde que el que se ostenta más poder, solo superado por los sillones nobles de algunas corporaciones del Ibex 35, la Real Casa de la Aduana (sede de Hacienda) o el Palacio de la Moncloa.

A Fernández le duró poco la alegría de su absolución. Solo cinco días después, el pasado 10 de diciembre, su nombre ascendía para siempre a la opinión pública. Ya nunca más será alguien conocido solo para las élites en Andalucía y Madrid. La Guardia Civil lo detuvo. Su teléfono se apagó. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Audiencia Nacional, los delitos por los que están siendo investigados él y otros implicados en el denominado caso Leire incluyen prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en relación con la adjudicación y gestión de contratos públicos y ayudas por un valor total de más de 130 millones de euros entre 2021 y 2023. El núcleo de lo que los investigadores tratan de acreditar es si Vicente Fernández participó —directa o indirectamente— en un sistema de cobro de comisiones o beneficios económicos a cambio de influir en contratos públicos y operaciones con empresas participadas o del entorno del Estado.

Tras conocer los cargos, varias fuentes que han compartido mesa y mantel en el pasado con el investigado, y otras tantas que lo han tratado a lo largo de su carrera, se mostraban sorprendidas. No les acababa de cuadrar la presencia en la trama de un brillante abogado que fue número uno de su promoción cuando escaló a letrado de la Junta de Andalucía en 1999. Comentan que es alguien culto y refinado. “Casi diría un intelectual”, apunta otra fuente.

Lo que más extraña a los consultados es la relación de Vicente Fernández con Leire Díez, al considerarlos agua y aceite, al menos en su comportamiento público. Desde el entorno de María Jesús Montero, sea como fuere, han puesto el cortafuegos y aseguran que se rompió todo vínculo con el ex alto cargo tras su dimisión en la SEPI. Él, comentan varios de los que le trataron, cada vez era más crítico con el actual PSOE.

Con buena presencia física —dicen que más antes que ahora— señalan su carácter afable y su don para relacionarse. Con esos mimbres su carrera no paró de crecer. Antes de llegar a Madrid, y tras ocupar varias consejerías, fue nombrado interventor general de la Junta de Andalucía. El guardián de las llaves de la caja. Un puesto que, en 2016, no era ningún caramelo, ya que se producía en plena investigación por los ERE de Andalucía, el caso donde se produjo el mayor saqueo de dinero público en la historia de España.

Fue María Jesús Montero, la actual vicepresidenta del Gobierno y número dos en Ferraz —y entonces consejera andaluza de Hacienda—, quien depositó su confianza en Fernández. Y ese paso adelante en la intervención general le sirvió para mantener la confianza de la que posteriormente sería ministra de Hacienda a nivel nacional. La pérdida del poder del PSOE en Andalucía provocó la caída de muchos altos cargos. Algunos tuvieron la suerte de reengancharse en 2018 al Gobierno de la nación. Fernández y otros antiguos colaboradores de Montero desembarcaron en Madrid.

Y lo hicieron con puño de hierro. El nuevo presidente de la SEPI ejecutó con celeridad cambios en las cúpulas de las principales empresas del antiguo INI. Fernández empezó a manejar las joyas de la corona: Correos, RTVE, Navantia, Red Eléctrica, Enagás, Indra…, más de una veintena de compañías insignia en sus sectores. Para un alto funcionario ajeno a las élites madrileñas y que viene del esfuerzo estajanovista que supone superar con éxito duras oposiciones era la corroboración del éxito profesional. Y el premio de Montero a su trabajo en la Junta.

Faltaban unos meses para su imputación en octubre de 2019. Era el principio del fin. Dimitió y fuentes que conocen los entresijos de Ferraz y del PSOE señalan cómo entonces ese cese supuso un lamento interno en el partido. Una dimisión estética que querían resarcir si dejaba de estar imputado. La presidencia de la SEPI quedó vacante hasta que en marzo de 2021, en vista de que no se produjo el archivo rápido del caso de corrupción que le afectaba, acabó llevando a Belén Gualda a ocupar su sillón.

Pero en ese periodo, cuatro fuentes distintas consultadas por este medio aseguran que Vicente Fernández seguía teniendo alta influencia sobre la SEPI. Tras la pandemia, el holding público lanzó los rescates de empresas amenazadas por la quiebra como Air Europa, Duro Felguera, Tubos Reunidos o Plus Ultra, firmas alrededor de las que hoy siguen pesando sospechas de que lograron el dinero público sorteando en algún punto la ortodoxia administrativa. Altos cargos de algunas de esas empresas aseguran que, en su trabajo para salvar las compañías de la quiebra, había administraciones que les remitían al ex alto cargo detenido la pasada semana como alguien a quien contactar en la tramitación de esos procesos. Otra fuente destaca que se ganó la vida esos años asesorando como abogado a pequeñas empresas del sector privado.

Durante su mandato en SEPI, la controvertida Leire Díez fue nombrada jefa de comunicación de la firma pública Enusa. Tras dejar la SEPI, Fernández ya había entrado en el círculo de influencia de un hombre con alto mando en el PSOE de entonces como era Santos Cerdán, hoy considerado epicentro de la trama de corrupción nacida en Navarra. La investigación policial lo vincula desde 2021 con Servinabar, la empresa cuestionada por sus lazos con Cerdán en la que aparece como dueño Antxon Alonso, otro de los investigados en toda la presunta trama de mordidas que instruye el Supremo.

Antes de su detención, ya había sospechas. El PP le sometió a un tercer grado en el Senado este verano porque no se explicaba cómo un hombre de su trayectoria había amasado tanto patrimonio, sobre todo tras desembarcar en la SEPI. La Guardia Civil apunta a que tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalés en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa; garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros. Además, el bar sevillano La Bola está a nombre de una sociedad en la que figura como administrador único.

“¿Fue la ambición material lo que le hizo cruzar la línea cuando se vio fuera de la élite tras años de carrera brillante?“, se pregunta alguien que le conoció. Está todo por demostrar aún. Lo que es una realidad es que la imputación en un caso del que finalmente ha salido absuelto cambió su vida. Y ahí, cuando ya te quedas fuera de las alfombras rojas, algunos ven más fácil que aflore la debilidad humana.

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