La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado en una entrevista en Telecinco a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de levantarse de la mesa en la que buscaban un acuerdo sobre la tributación del salario mínimo interprofesional: “En torno a las 10 de la noche de ayer, Hacienda se levantó de la mesa en la que estábamos negociando”, ha dicho Díaz, que ha asegurado que desde el comienzo de las conversaciones ha remitido a la ministra de Hacienda “más de cinco propuestas para intentar alcanzar un acuerdo”.
El Ministerio de Hacienda mantiene que las posiciones están muy alejadas y que el compromiso con Sumar era que el salario mínimo alcanzara el 60% del sueldo medio
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado en una entrevista en Telecinco a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de levantarse de la mesa en la que buscaban un acuerdo sobre la tributación del salario mínimo interprofesional: “En torno a las 10 de la noche de ayer, Hacienda se levantó de la mesa en la que estábamos negociando”, ha dicho Díaz, que ha asegurado que desde el comienzo de las conversaciones ha remitido a la ministra de Hacienda “más de cinco propuestas para intentar alcanzar un acuerdo”.
“Estábamos negociando a través de nuestros equipos, el de la ministra de Hacienda y el mío, pero a las 10 de la noche ella dio la instrucción de levantarse de esa mesa. No me he levantado yo ni mi equipo ni mis responsables de la negociación”, ha continuado la vicepresidenta segunda, que ha sostenido que “la ciudadanía tiene que saber que hoy a las 10 de la mañana hay una Mesa [del Congreso de los Diputados] y ahora ya estamos en manos de los vetos que vaya a practicar el PSOE” y, a su parecer, de las palabras de Montero “rezuma que le parece que el salario mínimo es muy elevado en España”, ha criticado.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, mantiene que las posiciones están muy “alejadas”. Defiende que el pacto con Sumar era que el salario mínimo alcanzara el 60% del sueldo medio. “Ese es el compromiso. Nunca acordamos que, con independencia de lo que suba el SMI, se garantice que no pagará nunca el IRPF”, ha manifestado antes de las declaraciones de Díaz en Telecinco. La idea de Hacienda es que las futuras subidas del salario mínimo se desvinculen del debate sobre la tributación.
La titular de departamento, María Jesús Montero, ya lo había dejado claro ayer en la rueda de prensa en la que presentó los datos de cierre presupuestario de 2024. “Es lógico pensar que, en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas”, apuntó. El incremento del SMI para 2025, del 4,4%, obliga a cerca de un 20% de los perceptores de este sueldo base a tributar por IRPF vía retenciones. Hasta ahora, las subidas del SMI habían ido acompañadas de una adecuación en los mínimos exentos del impuesto para que no se produjera este efecto. Ahora, ante la presión de Sumar, el PSOE busca una medida quirúrgica para que este año los afectados puedan deducirse esa cuota, pero rechaza que el beneficio fiscal se vaya actualizando a medida que se aprueban nuevos incrementos salariales.
Según Díaz, todas las formaciones políticas están de acuerdo “en eximir de la tributación y cumplir con el 60% del salario medio neto. El hemiciclo, casi al completo, está de acuerdo con esta materia”, y ha calificado de “enorme injusticia fiscal” que esto no se cumpla: “Hay injusticia fiscal porque el tipo que se aplica a esos trabajadores a partir de 16.500 euros al año es del 43%. De tal manera que, de la subida pactada con los sindicatos de 50 euros, 22 van directamente a la tributación”, ha detallado. Desde Hacienda recalcan que el 80% de los perceptores del salario mínimo no tendrían que tributar tras la subida y el 20% restante solo lo haría por 20 euros.
El plazo para presentar el veto a la proposición de ley de Sumar termina este viernes, pero la Mesa del Congreso tiene todavía varios días para llevarlo a debate y votación. Este órgano debe discutir el veto en la siguiente reunión desde que la envíe el Gobierno, un plazo que se puede extender hasta el martes 8 de abril.
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