El Ayuntamiento de Pozuelo ordena cerrar el centro de inmigrantes por no tener licencia

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, lleva meses pidiendo el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) ubicado en la localidad. Se abrió en 2022 para atender a ucranios que llegaban a España huyendo de la guerra sin que entonces encontrara oposición alguna. Su uso se amplió al año siguiente para acoger personas derivadas desde Canarias tras un incremento en el número de llegadas a las islas y ahí fue cuando empezaron los problemas políticos. Según ha adelantado El Mundo y ha comprobado EL PAÍS, el consistorio ha movido ficha y ha ordenado su cierre inmediato tras una inspección urbanística con la que ha determinado que carece de la licencia necesaria para esa actividad. El Gobierno tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha señalado que esta mañana todavía no había recibido ninguna notificación formal del resultado de la inspección. “Analizaremos cuando llegue una comunicación formal y se responderá como corresponda”, ha afirmado Martín. “Tendríamos que estar en dar soluciones, no en generar más problemas”, ha añadido el delegado. “Es una responsabilidad que nos corresponde por ser frontera sur de Europa”.

En este momento viven 404 personas con algún tipo de protección internacional en el Creade, aunque tiene capacidad para acoger a 564. De ellas, 187 son ucranias y 217 han sido derivadas desde Canarias, procedentes de distintos países de África. Según la delegación de Gobierno, todos los menores que hay allí están acompañados por sus familias.

Después de hacer dos inspecciones, el Ayuntamiento de Pozuelo ha comprobado que el uso autorizado del centro es terciario y comercial. Su licencia es de 2013 y no autoriza el uso residencial, aunque sí tiene licencia de hotel. Según el consistorio, eso no es suficiente porque las instalaciones se están utilizando como lugares de acogida estables y no solo de manera temporal.

El resultado de la inspección urbanística es vivido como una victoria para el Ayuntamiento de Pozuelo, donde gobierna el PP son 17 concejales frente a los ocho de la oposición. Su alcaldesa, Paloma Tejero, lleva tiempo preocupada porque asegura que el Gobierno de España pretende derivar allí a 400 migrantes más, todos ellos menores no acompañados. El 17 de junio, el pleno municipal aprobó una moción para oponerse a ese traslado.

El delegado del Gobierno ha negado que sea así esta mañana en una entrevista en RNE. Asegura que todavía no se ha fijado una ubicación para el traslado de esos menores y que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Pozuelo “es un ejercicio de racismo preventivo”.

[Noticia en actualización]