El BCE se está entrometiendo demasiado en la política energética

El Banco Central Europeo se está extralimitando en su mandato en materia de política energética. Su presidenta, Christine Lagarde, ha argumentado esta semana que los Gobiernos no deberían gastar demasiado para proteger a los hogares del aumento mensual del 80% en los precios del gas y, al mismo tiempo, considera que la inflación podría descontrolarse si esos mismos hogares perciben que los costes están subiendo demasiado. Es una contradicción y otro ejemplo más de cómo los guardianes independientes del control de la inflación se entrometen en asuntos que no les incumben.

El jueves, Francia anunció medidas específicas para ayudar a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Próximo. Hasta ahora, se trata de un enfoque más específico que el de España, que pretende reducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las facturas de electricidad.

En un discurso pronunciado el miércoles, Lagarde adoptó una postura clara y dijo que esperaba que las autoridades aprendieran de la subida de precios de 2022 que las políticas gubernamentales específicas pueden ayudar a “suavizar el impacto” al “compensar a los hogares con rentas más bajas”, pero que las medidas de base amplia y de duración indefinida podrían aumentar demasiado la demanda.

Sin embargo, según la propia lógica de Lagarde, es difícil ver cómo dirigir las ayudas solo a los pobres reduciría el traspaso del coste de la energía a otros precios más que medidas generales como los topes de precios, las tarifas bloqueadas o las rebajas fiscales. Para empezar, subrayó que la economía no está tan al rojo vivo como en 2022, de lo que se deduce que la demanda adicional creada por subsidios generales contribuiría poco a la inflación. Y también confirmó que el BCE está ahora centrado en cómo los grandes aumentos repentinos de los costes cambian la mentalidad de las empresas, que se acostumbran a subir los precios con mayor frecuencia, y de los trabajadores, que reaccionan exigiendo aumentos salariales “ojo por ojo”. La conclusión lógica: la medida antiinflacionaria más eficaz es evitar que la gente experimente esos aumentos iniciales de los costes en primer lugar. Esto no niega el riesgo de agotar las reservas de petróleo y gas al frenar los precios. Ni que los Gobiernos puedan adaptar mejor esas políticas. En general, sin embargo, resulta extraño que el BCE –cuyo mandato macroeconómico es la “estabilidad de precios”– parezca estar intentando complicarse su propio trabajo.

Probablemente le preocupe que los Gobiernos contraigan demasiada deuda, dado que los paquetes de 2022-2023 cuestan la friolera de 540.000 millones de euros, estima Bruegel. El BCE puede argumentar que, si el mercado de bonos se paralizara, ello obstaculizaría sus intentos de mantener los precios bajo control. Pero este razonamiento podría utilizarse para justificar meterse en casi cualquier asunto, ya sea promover una mayor tasa de natalidad o idear una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz. En última instancia, la política presupuestaria es competencia de los Gobiernos y de la Comisión Europea.

Muchos bancos centrales se salen de su ámbito de competencia, pero el BCE es especialmente propenso a ello, quizá debido a su posición como la institución más poderosa de la zona euro. Tiene un historial de defender mercados laborales menos regulados, criticar a los Gobiernos populistas y, más recientemente, apoyar la agenda de reformas de su expresidente Mario Draghi.

Para bien o para mal, los Ejecutivos europeos ya tenían la idea de que esta vez tenían que gastar menos. Con las ventajas de la independencia del banco central cada vez más cuestionadas, los responsables de fijar los tipos de interés han perdido una oportunidad ideal para demostrar que pueden mantenerse en su carril.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías