El dato oculto de los menores migrantes en Canarias: 5.000 niños sin regularizar

Los niños y adolescentes que llegaron solos en cayuco a Canarias no solo están hacinados, sino que además no tienen papeles. Solo unos 800 menores de los 5.800 que hay tutelados en las islas cuentan con una autorización de residencia, según los datos oficiales que ha cruzado EL PAÍS. La cifra no es pública, ni accesible a nivel interno, quizá porque revela de forma flagrante cómo el sistema y las administraciones fallan. El hecho de que solo un 14% de todos esos jóvenes tenga una autorización de residencia implica que se está desobedeciendo la ley, que obliga a tramitar sus documentos. El “incumplimiento generalizado”, denunciaba el Defensor del Pueblo el verano pasado, empuja a que “cientos de menores alcancen la mayoría de edad cada mes sin documentar”. Aunque a estos menores tutelados se les considera regulares a todos los efectos, la falta de autorizaciones de residencia y trabajo es un problema grave, sobre todo, cuando cumplen los 18 años y se ven en la calle. “Documentar a los niños es la manera de darles acceso a sus derechos. Y es que la ley hay que cumplirla”, afirma una fuente dedicada a la protección de menores desde hace casi cuatro décadas.

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 Las administraciones están obligadas por ley a tramitar autorizaciones de residencia a los jóvenes, pero casi el 90% sigue indocumentado. El Gobierno incumple su mandato de hacerlo de oficio y mantiene al menos un millar de expedientes sin iniciar  

Los niños y adolescentes que llegaron solos en cayuco a Canarias no solo están hacinados, sino que además no tienen papeles. Solo unos 800 menores de los 5.800 que hay tutelados en las islas cuentan con una autorización de residencia, según los datos oficiales que ha cruzado EL PAÍS. La cifra no es pública, ni accesible a nivel interno, quizá porque revela de forma flagrante cómo el sistema y las administraciones fallan. El hecho de que solo un 14% de todos esos jóvenes tenga una autorización de residencia implica que se está desobedeciendo la ley, que obliga a tramitar sus documentos. El “incumplimiento generalizado”, denunciaba el Defensor del Pueblo el verano pasado, empuja a que “cientos de menores alcancen la mayoría de edad cada mes sin documentar”. Aunque a estos menores tutelados se les considera regulares a todos los efectos, la falta de autorizaciones de residencia y trabajo es un problema grave, sobre todo, cuando cumplen los 18 años y se ven en la calle. “Documentar a los niños es la manera de darles acceso a sus derechos. Y es que la ley hay que cumplirla”, afirma una fuente dedicada a la protección de menores desde hace casi cuatro décadas.

El limbo documental en el que se mantiene a los menores de Canarias no debería ser un impedimento para reubicarlos en otras regiones, como se prevé hacer en verano, pero será un problema añadido para ellos. Si no se coordina bien y no se intercambia información, las comunidades de destino y sus delegaciones de Gobierno tendrán que iniciar los procedimientos de cero de todos aquellos que no tengan sus papeles en regla.

La responsabilidad de estos números es compartida. Por un lado, falla la Administración autonómica, que es la primera que tiene que poner en marcha el proceso para pedir las autorizaciones de residencia de los chicos. Pero, por otro, falla el Estado, que tiene la responsabilidad última de regularizarlos. Porque si a los 90 días de su acogida por parte de los servicios de protección, el menor no cuenta con un permiso de residencia, las oficinas de extranjería tienen el deber legal de tramitarlo y resolverlo en el plazo de un mes. Pero lo hacen mucho menos de lo que deberían. En marzo, en los cajones de las dos oficinas de extranjería de las islas, había más de un millar de expedientes (unos 400 en Tenerife y casi 700 en Las Palmas) que deberían haberse abierto de oficio y que ni siquiera se habían iniciado, según reconocen fuentes conocedoras de la situación. Falla además la coordinación entre las dos Administraciones. Y también la Fiscalía, a quien el Defensor del Pueblo, como “vigilante de la actuación en protección de menores”, ha pedido que se involucre más en este tema.

Cuando un menor llega a España en cayuco o saltando una valla, es normal que lo haga sin su pasaporte o sin documentos que ayuden a identificarlo. Simplificando mucho la explicación del proceso, los centros de acogida, que responden a la Dirección General del Menor de Canarias, tienen que tramitar sus pasaportes. Pero dependiendo del país (es más fácil con Marruecos que con Guinea o Malí), o no se emiten o tardan tanto en hacerlo que los niños dejan de ser niños, así que la ley recoge una alternativa que facilita las cosas: la cédula de inscripción. Este documento, que tramita la Policía Nacional, sustituye al pasaporte cuando los extranjeros no pueden ser documentados por sus países. Y este certificado tampoco se emite con facilidad, lo que llevó al Defensor del Pueblo a pedir, dada la situación de emergencia que viven las islas, más flexibilidad.

En algunos centros de acogida, con cientos de niños, este proceso no se toma en serio, mientras que en otros sí es una prioridad, aunque todos se encuentran con una misma situación: llegadas diarias, falta de medios y desbordamiento.

El Gobierno canario ha puesto en marcha un plan de choque con 39 técnicos para tramitar documentación, hacer seguimiento de los casos y abrir nuevos centros, pero reconoce la imposibilidad de llevar todo al día con nuevos y constantes desembarcos de menores.

La Delegación del Gobierno se escuda en esa incapacidad de los servicios de protección canarios para justificar el bajo número de expedientes de oficio de los que se ocupa. “Es prioritario abrir todos los expedientes de los menores de oficio y requerir la documentación necesaria, pero el número de respuestas de la Dirección del Menor es escaso. El Gobierno de Canarias no ha presentado la documentación mínima para poder resolver esos expedientes”, justifica una portavoz. La explicación responde a la imposibilidad de completar un trámite sin los documentos necesarios o sin ni siquiera una comunicación efectiva (aquí la falla de coordinación) con los servicios de protección de Canarias, pero no aclara por qué en marzo las oficinas de extranjería tenían un millar de expedientes que debían iniciarse de oficio y que ni siquiera habían empezado a revisarse. Tampoco responde a por qué este problema se arrastra desde hace tanto tiempo (los reproches del Defensor del Pueblo aparecen en sus informes al menos desde 2020).

Las malas cifras actuales no difieren mucho de las que hizo públicas el defensor el verano pasado y que revelaban que, a 31 de diciembre de 2023, solo 793 de los 4.800 menores reseñados en las islas contaban con autorizaciones de residencia. La situación no solo no ha mejorado, sino que el porcentaje de niños documentados hoy es aún menor que entonces.

La falta de respuesta de los servicios autonómicos de menores tampoco justifica por qué hay tantos expedientes abiertos sin resolver en las oficinas de extranjería: 2024 se cerró con solo 555 autorizaciones concedidas, mientras que estaban en trámite más de 3.000, según datos internos a los que tuvo acceso EL PAÍS. “Las oficinas están, en cierta manera, desbordadas porque tienen que tramitar otros muchos temas”, apostillan desde la Delegación de Gobierno.

Al conocer estos números, la experta en Migraciones de Save the Children, Jennifer Zupporili, los calificó de “demoledores”. Zupporili cree que “es entendible” que un territorio que acoge a casi 6.000 niños y niñas se enfrente a “dificultades y retrasos”, pero advierte: “La inclusión social y laboral pasa por tener una autorización de residencia y trabajo, más cuando hablamos de adolescentes que están cerca de la mayoría de edad. Sin papeles, se limitan sus derechos y oportunidades”. La organización hace un llamamiento a las autoridades responsables, “estatales y autonómicas”, para que “ningún niño o niña se quede sin documentación”.

La irregularidad de los menores extranjeros no acompañados ha sido una constante en España. En noviembre de 2019, este periódico reveló que, de los 12.300 tutelados en centros de acogida de todo el país, solo 2.573 contaban con una autorización de residencia, pero en 2021 la ley cambió para revertir estas cifras. El entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, cambió el reglamento de extranjería para facilitar trámites, acortar plazos, permitirles trabajar y, en general, intentar acabar con los problemas para documentar a menores migrantes tutelados y extutelados. Aquel cambio se consideró un éxito porque, desde entonces, miles de chavales entre 16 y 23 años se han regularizado en toda España y se han incorporado al mercado laboral. No tanto en Canarias.

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