El Govern obligará a informar en los anuncios de alquileres de pisos si el casero es un gran propietario

Los presupuestos catalanes de este año continúan en el aire a falta de que ERC abra la puerta a negociarlos, pero el Govern ya ha movido ficha. Ha remitido al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, más conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, para que el organismo elabore su preceptivo dictamen. Una de las medidas que incluye el articulado de la norma es una modificación de la ley de Derecho a la Vivienda, con la que se quiere ampliar la información que se publica en los anuncios de alquiler en zonas de gran tensión de demanda, de forma que a partir de ahora se desvele desde un inicio si el propietario es un gran tenedor (es decir, que tiene en propiedad cinco o más fincas).

Es el punto más relevante de la norma, que también modifica el punto sobre la información del precio del alquiler para dar más concreción y que, ya de partida, se ofrezca información sobre la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética, lo que podría impedir que salieran al mercado pisos sin esos dos controles de la Administración.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales objetivos de legislatura del Govern de Salvador Illa. Ha puesto en marcha un programa de inversiones para adquirir vivienda e incluirla en su paquete de pisos sociales y para construirla. Además, está estudiando la posibilidad de impedir la compra de pisos con fines especulativos. La ley de acompañamiento se convierte ahora en otra vía para consolidar su discurso, siempre y cuando lleguen a aprobarse las cuentas del próximo ejercicio.

El articulado del borrador remitido al CTESC amplía también las causas para imputar una infracción grave al casero: “No hacer constar, en la publicidad o en las ofertas de viviendas para alquilar, el precio máximo de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia de los precios de alquiler o, si es conveniente, la última renta del contrato de alquiler que haya estado vigente en los últimos cinco años o hacer constar un precio máximo de alquiler o última renta que sea superior a la legalmente aplicable; así como no hacer constar la condición de gran tenedor de la propiedad de la vivienda”.