El juez procesa al líder de la trama de ‘criptos’ Arbistar y otras nueve personas por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a Santiago Fuentes Jover, fundador de la plataforma de criptomonedas Arbistar 2.0, y otras nueve personas por el delito de blanqueo de los fondos que los miles de inversores aportaron para invertir en monedas digitales. La Sala de lo Penal Audiencia Nacional consideró probado que Fuentes y su socio Diego Felipe Fernández Nojarova estafaron un total de 200 millones de euros a 32.000 personas entre mayo 2019 y septiembre de 2020, por lo que condenó a ocho y seis años de prisión, respectivamente, para ambos líderes de la trama.

La investigación que ha dirigido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, se ha centrado en dos aspectos: en la macroestafa y organización del entramado, por un lado; y en la ocultación y desvío de capitales a otros fines, como la adquisición de bienes de lujo y el abono de servicios ajenos a Arbistar, por otro lado. Debido a que la tramitación de esta segunda parte iba a dilatarse ante la necesidad de librar comisiones rogatorias para requerir información a otros países, el juez instructor decidió dividir la causa en dos.

La pieza principal ya ha sido juzgada. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el pasado septiembre una sentencia por la que condenó a ocho años de cárcel a Santiago Fuentes por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y a seis años a Diego Felipe Fernández por el primero de los delitos. Asimismo, les obligó a indemnizar a las más de 9.000 personas que se han personado en esta causa como perjudicados. En cuanto a los otros cuatro acusados en este procedimiento, el tribunal acordó su absolución.

El tribunal dio por acreditado que Arbistar se promocionó y captó inversores, en su mayoría minoristas, en presentaciones y eventos públicos para que confiaran en su community bot, un “sistema de arbitraje”, para invertir en criptomonedas. La Audiencia Nacional destaca que se llevó a cabo una estafa de tipo ponzi basada en la invitación y generación de confianza de nuevos socios y una oferta de alta rentabilidad de entre un 8% y un 15% de los fondos ingresados. La pirámide comenzó a caer en el verano de 2020, cuando Arbistar dejó de abonar las ganancias supuestamente conseguidas a los inversores, bajo un pretexto de problema de liquidez y achacando el problema a un error del sistema.

Ahora, el juez instructor ha concluido la investigación de la segunda pieza separada sobre blanqueo y ha propuesto enviar a juicio a los cabecillas de la trama Arbistar junto a otras ocho personas. En este sentido, da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y acusaciones personadas para que, en el plazo de 10 días, presente su escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o, en contra, pidan el sobreseimiento del caso.

“Engaño a inversores”

En un auto, con fecha de este jueves, el magistrado Calama, que en anteriores resoluciones afirmó que la plataforma “vendió humo”, señala que Santiago Fuentes organizó y dirigió el circuito financiero por el que fluyó el dinero de la plataforma en perjuicio de sus inversores. “Este sabía que los inversores de Arbistar aportaban su dinero siendo víctimas de un engaño perpetrado por él y sus colaboradores, pues ni existía el algoritmo que vendían como panacea, ni las cantidades recibidas eran objeto de inversión alguna”. Así, el magistrado concluye que el dinero aportado a Arbistar que el fundador manejaba, con la finalidad de ocultar su origen y titularidad, “procedía del engaño efectuado a los inversores, es decir, procedía de un delito”.

Según indica el juez, Fuentes dispuso de la mayor parte de esos fondos mediante transferencias a las sociedades de su propiedad o de colaboradores y destaca que, con parte de los fondos, adquirió coches de lujo y una embarcación, además de pagar bienes y servicios totalmente ajenos a Arbistar.

Para llevar a cabo el presunto blanqueo, Calama apunta que la trama constituyó una estructura empresarial meramente formal, pero que en realidad eran “cáscaras vacías que se superponían”, ya que contaban con escaso capital, sin apenas personal y sin contabilidad ni archivo. A través de estas sociedades, “mediante una secuencia de actos programados que respondían a un esquema común”, se canalizaron los fondos que procedían de las aportaciones de los inversores engañados, indica. El centro de todo el entramado era la sociedad denominada Venus Capital.

El auto describe la operativa llevada a cabo por los 10 procesados y señala que el dinero fluía de una cuenta a otra, tanto titularidad de las mercantiles como de sus administradores y parientes, con la única finalidad de integrarse en el circuito financiero y difuminar las huellas que lo vinculaban con el fraude a “gran escala” de Arbistar. “El manejo combinado de las cuentas bancarias que controlaban los encausados les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta ocultar definitivamente buena parte del dinero”, apostilla el juez.