Investigados nueve directivos de la CCMA por malversación en los sueldos de la anterior cúpula

La jueza que investiga los sueldos de los directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que aglutina entre otros a TV3 y Catalunya Ràdio, ha citado a declarar a nueve de sus directivos por los sueldos excesivos que, presuntamente, repartió el organismo. Entre las personas citadas están los siete integrantes del actual consejo de gobierno, además del director de la Marató y otro alto cargo. Todos ellos tendrán que dar explicaciones por un presunto delito de malversación la primavera del próximo año, según la resolución de la magistrada, avanzada por La Vanguardia y según han explicado fuentes del caso a EL PAÍS.

La jueza de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) abrió diligencias en mayo de este año tras recibir una denuncia de la entidad Societat Civil Catalana a partir de las irregularidades encontradas en un informe de la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de los organismos públicos de la Generalitat. El periodo en el que se percibieron sueldos de manera desorbitada o irregular, por encima de los límites que marca la ley, va de los años 2015 a 2021. Las decisiones bajo sospecha, por lo tanto, corresponden a la anterior cúpula directiva del organismo, pese a lo cual los citados son los responsables actuales.

Fuentes de la CCMA consultadas por este diario subrayan que el informe de la sindicatura se remite a actuaciones aprobadas hasta 2021, y que por lo tanto la actual cúpula directiva (que entró en marzo de 2022) nada tiene que ver con esos sueldos presuntamente por encima de los límites legales. Las mismas fuentes indican que la actual dirección, presidida por Rosa Romà, “ha corregido” las anomalías detectadas en el informe.

En un informe remitido a la jueza que investiga el caso, la Sindicatura de Comptes explica que, en este caso, vio irregularidades pero “no detectó indicios de delito ni de responsabilidad contable”, de ahí que no pusiera el caso en conocimiento de los órganos competentes. Societat Civil Catalana, aun así, decidió acudir a la vía penal y presentó una denuncia que fue admitida por la jueza.