La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en el sector seguros. El organismo regulador ha anunciado este viernes la apertura de una investigación sobre posibles acuerdos ilegales entre aseguradoras y corredurías que afectan a la competitividad. En el comunicado se informa además de que se realizaron inspecciones en las sedes de varias compañías a finales de febrero, aunque inciden en que investigar no prejuzga la culpabilidad. Aún se desconoce el nombre de las investigadas.
El organismo regulador realizó inspecciones en distintas sedes de empresas del sector a finales de febrero
El organismo regulador realizó inspecciones en distintas sedes de empresas del sector a finales de febrero

PABLO MONGE
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco en el sector seguros. El organismo regulador ha anunciado este viernes la apertura de una investigación sobre posibles acuerdos ilegales entre aseguradoras y corredurías que afectan a la competitividad. En el comunicado se informa además de que se realizaron inspecciones en las sedes de varias compañías a finales de febrero, aunque inciden en que investigar no prejuzga la culpabilidad. Aún se desconoce el nombre de las investigadas.
Las sospechas apuntan a que habría habido coordinación para el pago de coberturas por siniestros e intercambio de información de clientes. Otro de los indicios señala a los honorarios que las aseguradoras pagan a profesionales del sector como talleres — en caso de los seguros de coche— o fontaneros, en el de los seguros de hogar. Concretamente, el de de intercambiar de información y vetar a algunos de estos profesionales.
En caso de confirmarse, indica la CNMC, constituiría una infracción de los artículos 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Las prácticas investigadas son consideradas una infracción “muy grave” de la ley de competencia. Las aseguradoras implicadas se enfrentan ahora a una posible multa que alcanza el 10% del volumen de negocio total del ejercicio anterior a la imposición de la sanción.
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