La Fiscalía apoya que se suspenda el ingreso en prisión de Laura Borràs a la espera del indulto

La Fiscalía apoya que la justicia suspenda la entrada en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs para cumplir su condena de cuatro año y medio de cárcel por los contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), mientras el Gobierno resuelve si la indulta. En un escrito remitido al alto tribunal catalán, el ministerio público comunica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no se opone a la petición de la expresidenta de Junts de que se suspenda su pena de prisión, “con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente su petición de indulto”. Sin embargo, recuerda que el indulto está limitado a la pena de prisión, por lo que Borràs deberá cumplir tanto la pena de inhabilitación -de13 años- como la multa impuesta, de 36.000 euros.

En un escrito, el pasado 13 de marzo, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, solicitó la suspensión de la ejecución de la condena de prisión “mientras se materializa” la petición de indulto que el tribunal elevó al Gobierno en su sentencia. Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la ILC, que dirigió entre los años 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros, en una sentencia que le impuso además 13 años de inhabilitación especial para cargos públicos electivos o de gobierno. En su sentencia, el propio TSJC proponía al Gobierno que concediera el indulto parcial a Borràs, ceñido exclusivamente a la pena de prisión y de como máximo dos años y medio de cárcel, por lo que es posible que suspenda la ejecución de la condena a la espera de que el Gobierno se pronuncie.

La Fiscalía tampoco se opone a que se acuerde la suspensión del cumplimiento de la pena de prisión para Isaías H., el informático al que Borràs benefició al fraccionar contratos para adjudicárselos a dedo, que fue condenado a 2 años de cárcel como cooperador necesario de un delito de falsedad documental y multa de 2.300 euros. Así lo ha decidido la Fiscalía atendiendo a la “colaboración y arrepentimiento” mostrado durante el juicio y tras haber acreditado que superó su adicción a las drogas, además de haber abonado la pena de multa impuesta, por lo que pide que se le sustituya la pena de cárcel por trabajos en beneficios de la comunidad.

Por último, para Andreu P., que ayudó a preparar los presupuestos y que fue condenado como cooperador necesario de un delito de falsedad documental a 1 año y 2 meses de prisión y multa de 2.250 euros, la Fiscalía dice que no se opone a que se amplíe el plazo para que pueda abonar esta cuantía. El motivo, explica, es que se ha acreditado la declaración de insolvencia de la empresa de su propiedad, que con posterioridad a la condena del TSJC se declaró en concurso de acreedores y que quedó disuelta, con la consiguiente pérdida de ingresos económicos.

A raíz de la causa abierta, Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament en julio de 2022, cuando la justicia decidió enviarla a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, a las semanas de dictarse la condena. El indulto no afectaría, eso sí, a los 13 años de inhabilitación impuestos a Borràs, pena que le impide presentarse a las elecciones u ocupar cualquier cargo público, electivo o de libre designación, aunque no limita su trabajo como docente. Borràs, que el pasado mes de octubre dejó la presidencia de Junts en manos de Carles Puigdemont, se ha proclamado siempre víctima del ‘lawfare’ por sus convicciones independentistas, por lo que en las negociaciones con el PSOE su partido planteó sin éxito que la ley de amnistía diera cobertura a su caso.