La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para Francisco González, expresidente del BBVA, por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años. Según confirman fuentes jurídicas, el ministerio público da este paso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalase el pasado febrero sentar a González en el banquillo junto a la propia entidad financiera (para la que pide una multa de 181,1 millones de euros) y a otra decena de personas, entre ellos, ex altos cargos del banco y al antiguo alto mando de la Policía Nacional.
La Audiencia Nacional avaló en febrero sentar en el banquillo al exbanquero y la entidad financiera
El ‘caso Villarejo’
La Audiencia Nacional avaló en febrero sentar en el banquillo al exbanquero y la entidad financiera

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para Francisco González, expresidente del BBVA, por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años. El ministerio público da este paso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avalase el pasado febrero sentar a González en el banquillo junto a la propia entidad financiera (para la que pide una multa de 181,1 millones de euros) y a otra decena de personas, entre ellos, ex altos cargos del banco y el antiguo alto mando de la Policía Nacional.
El escrito del ministerio público, según detallan fuentes jurídicas, solicitan para Francisco González las siguientes penas: cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho activo; y otros 168 años de cárcel por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos (cuatro años de reclusión por cada uno de ellos).
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción desgrana en el texto, fechado el 10 de marzo, también la sanción económica reclamada para el BBVA como persona jurídica: una multa de nueve millones de euros por un delito de cohecho (a razón de 5.000 euros al día durante cinco años); y otra multa de 172,8 millones de euros por 48 delitos de relevación de secretos (a razón de 5.000 euros al día durante dos años por cada uno de estos).
Fuentes del ministerio público detallan que la petición de penas acumulada resulta tan alta porque el delito de revelación de secretos no admite la continuidad delictiva; y añaden que, independientemente de la suma total de años que se le imponga finalmente en el juicio si resulta condenado, el máximo que se cumple es el triple de la pena más grave que se le imponga por uno de los delitos.
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