La Fiscalía ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización― al considerar que se vulneraron derechos fundamentales del que fuera jefe del ministerio público. La institución alega que, de todas las interpretaciones posibles del cúmulo de indicios existente, los magistrados optaron por “la más desfavorable” para García Ortiz.
El ministerio público alega que de todas las interpretaciones posibles se eligió “la más desfavorable” al acusado
CASO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
La fiscal general, Teresa Peramato, anunció el pasado marzo que el ministerio público presentaría un recurso de amparo
La Fiscalía ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización― al considerar que se vulneraron derechos fundamentales del que fuera jefe del ministerio público, según ha adelantado elDiario.es y ha confirmado EL PAÍS. El Tribunal Supremo lo condenó el pasado noviembre por revelar que Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba dispuesto a reconocer el fraude fiscal por el que se le investigaba y por el que finalmente irá a juicio.
El ministerio público ha dado el paso después de que el pasado 9 de marzo la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunciara en una entrevista en TVE que así lo haría. En aquella ocasión, explicó que la decisión se enmarca en la línea de actuación mantenida por la Fiscalía en esta causa, donde “siempre mantuvo una posición absolutoria” porque “los hechos no eran constitutivos de delito”. Se “sigue trabajando en la misma línea porque es la ”correcta», afirmó.
Está previsto que la defensa de García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado, presente su propio recurso de amparo contra la sentencia. Su letrado ya agotó los pasos previos y presentó una petición de nulidad ante el Supremo que, como es habitual, fue rechazada.
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