La líder de Por Andalucía (el equivalente andaluz de Sumar), Inma Nieto, ha denunciado este lunes “la purga” que el Gobierno de Juan Manuel Moreno, está realizando en la Intervención de la Junta, después de que hace dos semanas cesara a la interventora general, María Antonia González, responsable de los informes que advertían de un “uso indebido” por parte de la administración regional de los contratos de emergencia sanitarios adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 y que están siendo investigados en los juzgados. “El Gobierno de Moreno Bonilla está purgando la Intervención General de la Junta de Andalucía y parece dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión”, ha sostenido Nieto.
El Gobierno enmarca las destituciones en la reestructuración del equipo del nuevo interventor, que sustituye a la que informó desfavorablemente de los contratos de emergencia sanitarios
La líder de Por Andalucía (el equivalente andaluz de Sumar), Inma Nieto, ha denunciado este lunes “la purga” que el Gobierno de Juan Manuel Moreno, está realizando en la Intervención de la Junta, después de que hace dos semanas cesara a la interventora general, María Antonia González, responsable de los informes que advertían de un “uso indebido” por parte de la administración regional de los contratos de emergencia sanitarios adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 y que están siendo investigados en los juzgados. “El Gobierno de Moreno Bonilla está purgando la Intervención General de la Junta de Andalucía y parece dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión”, ha sostenido Nieto.
El nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa,ha cesado a cuatro de los ocho directores del órgano de fiscalización de la Junta, dependientes de la Consejería de Hacienda, a quienes se les informó de su relevo el jueves pasado. Se trata del responsable de la División de Fiscalización, del director de División de Auxilio Judicial, de la directora de División de Control Financiero Permanente y Supervisión continua I, del director de Fondos Europeos y Subvenciones y del director de División de Coordinación. Todos ellos, según ha señalado Nieto, “tenían acceso” a los expedientes de los contratos de emergencia, que el Gobierno de Moreno adjudicó por valor de 243 millones de euros, pese a que el marco normativo que amparaba este tipo de contrataciones había decaído en 2021.
Desde la Consejería de Hacienda se enmarcan estos ceses en la reestructuración del equipo del nuevo interventor y se insiste en que se trata de cargos de libre designación, de confianza y que es algo que ha sucedido siempre que se produce un cambio en la dirección de la Intervención. A estas sustituciones hay que sumar la renuncia por motivos personales del director de la División de control financiero permanente y supervisión continua II, que ya había avisado de que no quería continuar en ese puesto. Las fuentes de la Consejería consultadas también advierten de que los funcionarios relevados no pertenecen a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), “por lo que no han tenido acceso a los expedientes de los contratos del SAS”, y recalcan que ese departamento sigue teniendo a los mismos funcionarios.
Cuando la Junta anunció el 8 de febrero la sustitución de González, en el cargo desde 2022, alegó que se debía a “motivos personales”, pero ella misma había informado un día antes en una reunión interna con el resto de interventores delegados y jefes de división, que la habían cesado por “falta de confianza” por su implicación en la defensa de las mejoras retributivas del cuerpo de Interventores reconocidas en la Ley que la Junta aprobó en verano de 2023, en el que se les reconocía el rango específico de categoría profesional, y que el Gobierno de Moreno todavía no ha hecho efectivas.
Las críticas de la oposición ante esta nueva tanda de ceses en la Intervención llegan después de que el PP y Vox impidieran la semana pasada que la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, diera explicaciones en el Parlamento sobre el cese fulminante de la anterior interventora.
Las últimas sustituciones han incrementado el malestar del cuerpo de interventores de la Junta (alrededor de 170), que ya habían amenazado con una huelga para exigir el cumplimiento de la subida salarial y el resto de compromisos laborales. Estos funcionarios son esenciales porque son los responsables de fiscalizar el gasto público de la administración andaluza y de emitir, como en el caso de los contratos de emergencia sanitarios, los informes vinculantes para las consejerías.
Para la portavoz de Por Andalucía, estos ceses envían un mensaje claro a los funcionarios del cuerpo: “Quien no esté dispuesto a afirmar que los burros vuelan durará poco en su cargo”. Nieto hace hincapié en el hecho de que los informes de la Intervención, como los de la Cámara de Cuentas, son “la principal debilidad del Gobierno de Moreno”, por cuanto que “la parte técnica que ellos analizan contradice su discurso político”.
El PSOE de Andalucía, quien inició la investigación de los contratos de emergencia en los tribunales con la presentación de una querella, ha advertido del “peligro” que conllevan estos ceses, informa Álvaro Palacio. “No tuvieron bastante con cortarle la cabeza a la interventora general de la Junta de Andalucía. Están intentando que no quede rastro, que todo el que sabe algo, ya no lo sepa, y que todo el que trabajaba en este ámbito denunciando lo que estaban haciendo, que no lo denuncie. Nos parece peligroso”, ha asegurado su portavoz, María Márquez.
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