Los Presupuestos de la Generalitat tienen un nuevo horizonte: el 31 de julio. Esta es la fecha límite que PSC y ERC han establecido este miércoles por la mañana tras postergar la votación prevista el viernes sobre los presupuestos catalanes aprobados en febrero por Govern sin tener los apoyos garantizados en el parlamento. “Nos comprometemos a negociar para aprobar unos presupuestos […] antes de finalizar el actual período de sesiones parlamentarias”, asumen ambas formaciones en su comunicado conjunto. Por el camino, el Govern tendrá que gestionar la Administración a partir de los suplementos de crédito, negociar las mejoras fiscales para Cataluña requeridas por los republicanos; y encontrar el mejor momento para garantizar un nuevo acuerdo tras el salto de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la carrera electoral de Andalucía.
El Govern deberá conseguir en Madrid las mejoras fiscales requeridas por ERC y encontrar el mejor momento para alcanzar un acuerdo tras el salto de María Jesús Montero a la carrera electoral andaluza
Los Presupuestos de la Generalitat tienen un nuevo horizonte: el 31 de julio. Esta es la fecha límite que PSC y ERC han establecido este miércoles por la mañana tras postergar la votación prevista el viernes sobre los presupuestos catalanes aprobados en febrero por Govern sin tener los apoyos garantizados en el parlamento. “Nos comprometemos a negociar para aprobar unos presupuestos […] antes de finalizar el actual período de sesiones parlamentarias”, asumen ambas formaciones en su comunicado conjunto. Por el camino, el Govern tendrá que gestionar la Administración a partir de los suplementos de crédito, negociar las mejoras fiscales para Cataluña requeridas por los republicanos; y encontrar el mejor momento para garantizar un nuevo acuerdo tras el salto de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la carrera electoral de Andalucía.
El escenario, inédito en la historia de la política moderna del Parlament de Cataluña, obliga a rehacer los calendarios con cuatro meses de margen. El primer paso del Govern será la aprobación de los suplementos de crédito en el Consell Executiu extraordinario convocado para el jueves. El gobierno catalán cuenta con la garantía de ERC y Comuns para sacar adelante un aval económico imprescindible para el día a día administrativo que tendrá que ser convalidado en el Parlament. “Si en abril no hay Presupuestos, la Generalitat sufrirá”, avisó hace dos días la consejera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista a EL PAÍS.
A partir de aquí, sin embargo, el camino parece más sinuoso. El principal escollo para la luz verde a las cuentas autonómicas ha sido la negativa del Gobierno de ceder la gestión del IRPF a Cataluña, como recogía el acuerdo de investidura; y en su primera comparecencia tras el acuerdo con los socialistas, Oriol Junqueras ha dado muestras de flexibilizar su postura. “Si el Govern cree que tiene una alternativa mejor, que la ponga sobre a mesa”, ha planteado.
A nadie se le escapa que el esperado salto de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la carrera electoral para la Junta de Andalucía, puede facilitar las negociaciones. La vicepresidenta primera del Gobierno central ha sido una de las más firmes opositoras a las pretensiones de ERC, a pesar de la intermediación de otros miembros del gabinete de Sánchez, como el ministro de Cultura Ernest Urtasun, que intentó sin éxito encajar todas las piezas. El Gobierno suscribió en julio pasado en la Comisión Bilateral con la Generalitat la cesión progresiva del IRPF.
Sin fecha oficial para los próximos comicios autonómicos en Andalucía, el plazo máximo para su celebración es el próximo mes de junio, pero Montero abandonaría previsiblemente semanas antes el Gobierno central para centrarse en su proyecto electoral. El relevo en Hacienda podría facilitar una mayor flexibilidad o, al menos, la construcción de fórmulas intermedias que permitan a ERC dar su brazo a torcer.
Y por último, los Presupuestos requieren de un trámite parlamentario concreto. Las previsiones del Govern eran tener las cuentas a finales de abril. El equipo de Gobierno aprobó las cuentas el pasado 27 de febrero y, tras obtener la luz verde este 20 de marzo (la cita que ha decaído), contaba con haber superado definitivamente todas las enmiendas el 24 de abril, con el último debate y votación al respecto.
El Reglamento del Parlament establecen una tramitación con prioridad sobre otras iniciativas, un primer debate de totalidad y, posteriormente, un análisis detallado por comisiones que se votan de forma individual. La Mesa del Parlament, un vez admitido a trámite el proyecto de ley de presupuestos, abre dos períodos de enmiendas simultáneos: uno de al menos diez días para presentar enmiendas a la totalidad y otro de al menos veinte días para las enmiendas al articulado y a los estados de gastos. Además, dentro de los primeros siete días, los consejeros deben comparecer en comisión para explicar los presupuestos de sus departamentos.
Actualmente, el Parlament prevé que el último pleno se celebre la semana del 21 al 23 de julio, aunque la Mesa tiene la potestad de convocar un pleno extraordinario si así lo aprueban los partidos.
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