Los comunes y ERC afean al Govern el cierre el próximo curso de 111 grupos de la escuela pública

Los comunes y Esquerra marcaron este martes distancias con el Govern a propósito del caos de las continuado de Rodalies y este miércoles, en la sesión de control en el Parlament, han expuesto otro punto de desencuentro con el Ejecitivo. Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha reprochado al president Salvador Illa el cierre el próximo curso de 111 líneas de la escuela pública, cuando se abrirán 21 en la escuela concertada. Juli Fernández, de ERC, ha lamentado esa estrategia y ha criticado que 10 de esos grupos se concentren en Terrassa. Una decena de miembros de la plataforma La Pública. La escola de tothom han convocado protestas este miércoles en una decena de ciudades y exhibido pancartas de protesta en el pleno.

Durante el debate, Albiach ha cuestionado que el Ejecutivo esté comprometido con la educación pública y le ha reclamado que rectifique rebajando ratios o, por ejemplo, desplegando el decreto de escuela inclusiva y ha criticado al Govern por no mantener un diálogo con los alcaldes de municipios afectados como los de Terrassa, Sabadell, Rubí, Granollers, Mataró, Cubelles o Montcada. “Les pedimos que rectifiquen. Esta crisis educativa no se arregla con convenios con la OCDE: se arregla sin cerrar grupos, bajando ratios, escuchando a la comunidad educativa, al profesorado. Y avanzando en un 6% del PIB en educación”, ha señalado.

Illa ha subrayado que su compromiso con la escuela pública “es máximo” al esgrimir que no se cierra ninguna escuela aunque sí que ha reclamado a su socio parlamentario “tener los pies en el suelo” y “adaptarse a la realidad”. El president ha inscrito el cierre de esos grupos en la reordenación del servicio derivado de la pérdida este curso de 30.000 alumnos lo que comportará el desplome de la ratio por clase de 19 alumnos frente a los 25 que fija la normativa. “Esas cifras avalan ese compromiso. Hemos mantenido 225 reuniones con municipios y participado en 166 mesas. Hemos hablado con todos. Otra cosa es que a veces no se esté de acuerdo””, ha afirmado.

La sesión de control, que ha obviado la crisis y la nueva huelga de Rodalies, ha vuelto a poner el foco en el cierre de grupos cuando el republicano Juli Fernàndez ha planteado que un 10% del cierre de líneas -8 de ESO y dos de primaria- estén concentradas en Terrassa. En ese momento, una decena de miembros de plataformas en defensa de la escuela pública han desplegado pancartas en la que se leía “No al cierre de líneas públicas”. El president del Parlament, Josep Rull, les ha invitado a deponer su actitud y han acabado saliendo del hemiciclo.

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha atribuido a que se localicen esos cierres en Terrassa a la baja natalidad del municipio y ha recordado que en el pasado, en gobiernos de los que formó parte ERC, se optaba por cerrar directamente colegios. “Vamos a reducir ratios por debajo incluso de los 19 alumnos, aumentar la FP, hacer una planificación conjunta con el mundo local. No desmantelamos la educación publica: la vamos a reforzar”, ha dicho. El también exconsejero Fernàndez ha argumentado que hace un año el Govern evitó el cierre de 100 líneas y que en tres años se cerraran 300. “Hay casos en Deltebre, Camp de Tarragona, Girona o en el entorno metropolitano”, ha avisado.

La plataforma La Pública, Escola per a Tothom, que agrupa a 40 entidades y 350 personas, sostiene que este cierre de líneas no tiene precedentes cuando el Govern podría optar por el despliegue definitivo del decreto de la escuela inclusiva y tendría una oportunidad histórica para la reducción de ratios. Hace un año, se cerraron unas 90 líneas. “Este cierre de líneas es reversible y depende de la voluntad política”, ha afirmado Dani Ocaña, miembro de la plataforma a la salida del Pleno. “Niubó decía un cosa cuando estaba en la oposición y ahora lo contrario. Estamos hartos de este trilerismo político”.

La plataforma calcula que un centenar de puestos de trabajo estarán “huérfanos” si se cierran esas líneas y rechaza la tesis de la bajada de la natalidad cuando, dicen, hay centros de la ESO que están al borde del colapso. Su propuesta es seguir el modelo del Consorcio de Educación de Barcelona participado en un 55% por la Generalitat y un 45% por el Ayuntamiento y en el que apuestan por la educación inclusiva y la bajada de ratios.