Nueve de cada 10 pisos turísticos en Madrid carecen de registro oficial

España estrena la nueva herramienta europea para controlar los pisos turísticos. Desde este martes es obligatorio que todos los inmuebles que se alquilan a través de plataformas digitales por periodos cortos (tanto si son viviendas vacacionales como si responden a otras modalidades) estén dados de alta en un registro único. La normativa entró en vigor el 2 de enero, pero con seis meses de periodo transitorio. Y transcurrido medio año de prueba, menos de la mitad de los apartamentos turísticos que hay en España han dado ese paso: un 46%, según los últimos datos oficiales. Por provincias, Madrid se erige en un agujero negro con apenas un 10% de pisos turísticos inscritos en el censo, menos de la mitad que la segunda comunidad con menos seguimiento de la nueva normativa (Extremadura, con un 25%).

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 Más de la mitad de los pisos vacacionales detectados en España por el INE no han solicitado su inscripción en el nuevo censo, que es obligatorio desde este martes  

España estrena la nueva herramienta europea para controlar los pisos turísticos. Desde este martes es obligatorio que todos los inmuebles que se alquilan a través de plataformas digitales por periodos cortos (tanto si son viviendas vacacionales como si responden a otras modalidades) estén dados de alta en un registro único. La normativa entró en vigor el 2 de enero, pero con seis meses de periodo transitorio. Y transcurrido medio año de prueba, menos de la mitad de los apartamentos turísticos que hay en España han dado ese paso: un 46%, según los últimos datos oficiales. Por provincias, Madrid se erige en un agujero negro con apenas un 10% de pisos turísticos inscritos en el censo, menos de la mitad que la segunda comunidad con menos seguimiento de la nueva normativa (Extremadura, con un 25%).

Estos porcentajes resultan de la comparativa de los últimos datos del registro, facilitados este lunes por el Ministerio de Vivienda, con respecto al total de pisos turísticos que había en España en la última estadística del INE (que data del pasado noviembre, por lo que posiblemente ahora sean más y, por tanto, el grado de cumplimiento con el registro, menor). El departamento encabezado por Isabel Rodríguez da cuenta de 169.908 inmuebles que han solicitado registrarse como alquileres turísticos, mientras que el instituto estadístico contaba el pasado noviembre, mediante técnicas de rastreo de anuncios en línea, 368.295 pisos turísticos en toda España.

Además de las casi 170.000 solicitudes para alquiler turístico, también han pedido el registro 45.529 inmuebles para otros arrendamientos de corta estancia o por habitaciones. Esta modalidad (fundamentalmente pisos para estudiantes, desplazamientos por empleo u otros motivos que justifiquen una residencia temporal) se concentran fundamentalmente en las áreas donde vive más gente. De hecho, las cuatro provincias más pobladas (Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante) suman más del 80% de los inmuebles registrados con estos fines. En total, entre los destinados al turismo y los que no, el registro suma desde su puesta en marcha 215.438 peticiones, de las que 94.209 son definitivas, 102.732 son provisionales (a falta de alguna comprobación) y 18.497 han sido revocadas.

En el caso de los pisos turísticos, además de los núcleos más poblados, también destacan las zonas costeras con gran afluencia de visitantes. 13 de los 15 municipios con más solicitudes de registro están en el litoral, según datos a los que ha tenido acceso este periódico. Solo se salen de esa norma Sevilla y Granada. El resto se reparten entre las costas de Málaga, Barcelona, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Madrid y Valencia, pese a su tamaño, quedan fuera de los 15 con más solicitudes, aunque están cerca.

Por municipios, la capital destaca por el escaso grado de cumplimiento con el nuevo registro. Solo lo han pedido un 9,8% del total de viviendas turísticas detectadas por el INE. Por comparación, en Barcelona son más de un 64%. Y de un 85% en Málaga, lo que hace que sea la ciudad donde más apartamentos turísticos han pasado por el registro: 6.388.

Pese a que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado en los últimos meses medidas para controlar el fenómeno de las viviendas vacacionales, no es nuevo que muchos inmuebles en la ciudad se dedican a esta actividad fuera de la legalidad. Tras una denuncia de la oposición en este sentido a principios de 2024, el Consistorio publicó un listado de los pisos que contaban con licencia, unos 1.000. Ahora son algo más los que han pedido registrarse, casi 1.700, pero según el INE hay más de 17.000 inmuebles en la capital destinados a acoger visitantes. A la falta de inspectores, algo que sucede en muchos otros municipios, en Madrid se suman años laxitud respecto a una normativa que en su día aprobó Manuela Carmena (Más Madrid) y que el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP), criticó y anunció que cambiaría.

El registro único entró en vigor el 2 de enero, pero el Ministerio de Vivienda ya advirtió entonces de que no desplegaría todos sus efectos hasta este 1 de julio. La idea desde el principio es que hubiera un periodo transitorio. Por un lado, para dar tiempo a los propietarios de los inmuebles que deben registrarse a hacerlo, cosa que en muchos casos no ha sucedido. Por otro, para testar que el procedimiento, que va acompañado de una pasarela de comunicación entre la Administración (que es la que tiene el registro) y las plataformas donde se anuncian los pisos, funcionaba correctamente. Además, era una manera de que por precipitación se arruinase la campaña de Semana Santa, un temor del sector al que fue sensible el Ejecutivo.

Pero ese argumento ya no servirá para esta temporada alta del turismo. Desde este julio todos los alquileres de corta duración (sean turísticos, arrendamientos de temporada o incluso otro tipo de servicios como el alquiler embarcaciones) deberán estar registrados. De lo contrario, se exponen a sanciones que dependen del lugar donde se produzca el incumplimiento, ya que son las comunidades y los ayuntamientos los que tienen las competencias en turismo y urbanismo, respectivamente.

El Gobierno también ha explorado la vía de la normativa de consumo para penalizar estas situaciones. Pero en este caso se dirigen fundamentalmente contra deficiencias en la información que un anuncio proporciona al potencial usuario. El régimen sancionador estatal asociado al registro está pendiente de aprobación en el Congreso y contempla multas de 3.000 a 600.000 euros.

Del lado de las plataformas, claves en esto porque el registro llega como una exigencia de Europa (aunque España se ha adelantado un año a la fecha límite, siendo el primer país comunitario en implantarlo), no podrán alegar que desconocen la situación de un determinado inmueble. Además de barridos sistemáticos, si una Administración les advierte de que un anuncio no cuenta con la pertinente autorización, compañías como Airbnb o Booking tendrán 48 horas para retirarlo. Pero estas son solo las más conocidas: cualquier anuncio en internet, incluso de una pequeña inmobiliaria, de un alquiler por temporadas debe verificar que el piso cuenta con número de registro.

El alquiler de temporada, que viene específicamente recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos como una alternativa al alquiler de vivienda habitual, es aquel que se usa para satisfacer necesidades puntuales de un inquilino. La premisa es que este tiene otra residencia habitual, pero durante un plazo de tiempo y por las razones que sea (estudios, desplazamiento profesional, un tratamiento médico…) necesita vivir en otra casa. Pero el Gobierno alega, y es un secreto a voces en el sector inmobiliario, que estos contratos se usan muchas veces para encubrir alquileres de vivienda habitual y eludir así los requisitos que la ley estatal de vivienda pone a estos últimos. Por ejemplo, el control de alquileres vigente en gran parte de Cataluña y en cinco municipios vascos (Errenteria, Irun, Barakaldo, Zumaia y Lasarte-Oria).

Tanto los alquileres de temporada como los pisos turísticos son, según muchos expertos, un agravante más del desequilibrio que vive el mercado de arrendamientos. Los precios no dejan de crecer desde hace años entre otras cosas por el fuerte desequilibrio entre una demanda que no deja de crecer y una oferta que es incapaz de responder en la misma medida. Esta última, alegan en el Ejecutivo, todavía se ve más constreñida si una parte de los pisos que hay se destinan a turistas o se alquilan por temporadas o por habitaciones. Además estos pisos encarecen el mercado más rápido porque, incluso sin control de precios, un contrato de vivienda habitual da derecho a disfrutar de la misma renta, elevada anualmente en la misma proporción que la inflación, durante cinco años.

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