En una legislatura de relaciones muy complicadas, el Congreso y el Senado han protagonizado este martes un nuevo choque institucional. A primera hora del día, fuentes de la presidencia de la Cámara baja han denunciado que un informe de la Secretaría General del Senado utilizaba mensajes privados de WhatsApp entre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, para justificar su postura. “Supone traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad”, defienden las mismas fuentes.
La Mesa del Congreso da luz verde a la reforma del Estatuto del Personal de las Cortes e ignora a la Cámara alta, que la considera “nula de pleno derecho”
En una legislatura de relaciones muy complicadas, el Congreso y el Senado han protagonizado este martes un nuevo choque institucional. A primera hora del día, fuentes de la presidencia de la Cámara baja han denunciado que un informe de la Secretaría General del Senado utilizaba mensajes privados de WhatsApp entre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, para justificar su postura. “Supone traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad”, defienden las mismas fuentes.
La norma en el centro del conflicto es de carácter interno, el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. La Cámara alta considera que el texto, que ha sido aprobado este martes en la reunión de la Mesa del Congreso con mayoría de PSOE y Sumar, es “nulo de pleno derecho” por cómo el Congreso convocó “de manera unilateral” la Mesa Negociadora el pasado día 23 de octubre. Y para ello incluye en el informe como prueba una conversación entre Armengol (PSOE) y Rollán (PP) que ha causado un profundo malestar en la presidenta del Congreso.
Fuentes parlamentarias de la Cámara alta, controlada por los populares, restan importancia al uso de estos mensajes, y ponen el foco en que decidió seguir adelante sin haber consensuado con el Senado una propuesta.
Aunque el Congreso ha aprobado este martes la reforma, esta podría ser bloqueado por el Senado porque el artículo 72.1 de la Constitución señala que la modificación debe ser “de común acuerdo”.
En el informe enviado por la Cámara alta, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se incluyen mensajes entre los presidentes, pero también entre la secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal, y la secretaria primera del Senado, Eva Ortiz.
En el primero de los cuatro mensajes revelados, Leal comunica el jueves 16 de octubre a Ortiz que, “como habían acordado” los secretarios generales, le traslada la propuesta de convocatoria de la Mesa Negociadora. Ortiz le responde cinco minutos después, a las 9.04, que estaba “pendiente de que el presidente del Senado y las letradas hablen” y le “den el OK”.
En la segunda conversación, Armengol se dirige ese mismo día a Rollán a las 13.38 para indicarle que, “tal y como acordaron” los letrados mayores, convocará la Mesa Negociadora para “el próximo jueves por la mañana”, a lo que Rollán le responde, a las 14.29, que estudiará la propuesta ese fin de semana para “acto seguido dar los pasos” que le “correspondan”.
Según describe el informe, dos horas y media después de estas conversaciones, a las 17.11 horas, el Senado recibe un correo electrónico con la convocatoria para el 23 de octubre.
“La conclusión clara es que la convocatoria no solo fue precipitada sino que no contó con el consentimiento de la representación política del Senado en la misma”, denuncia el escrito remitido este lunes por la tarde al Congreso para pedir la “nulidad” del acuerdo de la Mesa Negociadora.
Reclama el texto que se proceda a la convocatoria, “en la forma debida que exige el común acuerdo, de una nueva reunión de la Mesa Negociadora” en cuyo orden del día se incluya específicamente el punto sobre las pensiones, y que se haga “con el necesario consenso entre y Congreso y Senado”.
La modificación del Estatuto del Personal de las Cortes Generales afecta a 1.261 trabajadores. Fuentes del Congreso argumentan que el texto en vigor procede de 2006 por lo que, con esta reforma, se incorporarían “todos los derechos laborales conseguidos por el resto de los trabajadores españoles en las dos últimas décadas”. “685 funcionarios, 148 laborales y 428 eventuales de ambas cámaras podrán acceder a derechos como la protección a víctimas de violencia de género, la ampliación de 15 días a 4 meses en permisos de paternidad, la carrera horizontal, la mejora en las condiciones de promoción interna o la jubilación voluntaria de 72 a los 75 años, aunque sin poder ostentar puestos de promoción desde los 67 para facilitar así el relevo generacional”, defienden en la Cámara baja, que añaden que la reforma fue aprobada por los sindicatos sin votos en contra en la reunión de la Mesa Negociadora y, que tras la aprobación por parte de la Mesa del Congreso, queda a la espera de la aprobación por parte del Senado la próxima semana.
Las mismas fuentes alegan que el visto bueno en el Congreso llega 18 meses después de que se iniciaran los trabajos, que ha habido 19 reuniones y que la negociación colectiva concluyó sus tareas “con un amplio consenso”. “Los servicios de Administración Parlamentaria convocaron la reunión con una semana de antelación y el mismo día del encuentro, 15 minutos antes de la reunión, el Senado protestó por lo que consideraban una convocatoria incorrecta y pidieron un nuevo aplazamiento. Los propios representantes de los trabajadores, que consideraron una falta de respeto la actitud del Senado, se negaron a posponer la cita, y apostaron mayoritariamente por concluir la negociación”, añaden en su respuesta fuentes del Congreso, que denuncia que el Senado “no ha explicado los motivos de base para su rechazo a la aprobación”.
“En su escrito de petición de paralización ante la Mesa del Congreso utiliza mensajes privados entre los presidentes de ambas cámaras que en nada modifican las cuestiones que aquí se están tratando y que suponen traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad. Nunca se había visto que un documento oficial reflejara el contenido privado de conversaciones entre miembros de ambas Mesas, además de manera parcial y torticeramente manipulada”, concluyen en la Cámara baja.
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