Rechazo unánime del sector turístico catalán al decreto que dobla la tasa turística

El sector turístico catalán ha exigido, de forma unánime, la retirada del decreto ley que dobla la tasa turística y que debería entrar en vigor el 1 de mayo. Indignados, los empresarios critican que es un impuesto que no tiene razón de ser. Lamentan que se haya acordado “por un puñado de votos” y que se imponga vía decreto ley y de espaldas al sector. Afirman que responde más a la problemática del turismo de la ciudad de Barcelona que a la realidad del resto de Cataluña, donde hay una situación particular y un turismo diferente. También critican que se imponga a punto de iniciar la temporada turística, que sea lineal, sin tener en cuenta el esfuerzo hecho durante años por desestacionalizar y que intente “asfixiar fiscalmente al sector”. El sector advierte de que los mayores damnificados serán los catalanes, teniendo en cuenta que el 50% del turismo que alimenta a Cataluña es catalán y, principalmente, del área metropolitana de Barcelona.

Los máximos representantes del sector turístico de Girona y la Costa Brava han mostrado públicamente su indignación y su más rotundo rechazo al decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, una norma que implica doblar la tasa turística y da potestad a los consistorios para aplicar un recargo de hasta 4 euros. Esto significará que, por ejemplo, un cliente de un hotel de tres estrellas, de un camping o casa rural que a día de hoy paga 0,60 euros por noche, podría llegar a abonar hasta 5,20 euros. O que un cliente de una vivienda de uso turístico que paga 1 euro por noche pueda llegar a tener que pagar 6 euros.

El presidente de la Federación, Antoni Escudero, fue uno de los firmantes en 2012 del acuerdo para fijar el impuesto turístico en Cataluña con la finalidad ayudar al Govern en un momento de situación económica delicada. “Se hizo con el compromiso de que la tasa sería finalista y revisable, y ni una cosa ni la otra”, destaca. Para el presidente de la Asociación de Campings de Girona, Miquel Gotanegra, la medida “amenaza con destruir la competitividad con otros destinos” de un tejido empresarial clave para el desarrollo económico y social “que representa el 12% del PIB en Cataluña y casi el 21% en Girona”.

Jaume Dulsat, de la Taula Gironina de Turisme, detalla que están en contra por diversos motivos. “No ha sido consensuado con el sector para ver si era necesario o no y no se ha consultado cómo hacerlo, y tampoco tiene criterios de temporalidad”. Apunta que “el Govern está intentando asfixiar fiscalmente a un sector que no quiere ser siempre el que paga los platos rotos y demasiadas veces acaba pagando el precio”. Los empresarios están de acuerdo en que la tasa actual no vaya solo enfocada a la promoción turística sino que también tenga criterios de sostenibilidad de capacidades de carga: “Somos conscientes de que lo recursos naturales son finitos y los debemos cuidar y gestionar, pero pedimos ser parte de la solución, nunca del problema”, sostiene.

Desde la Asociación Turística de Apartamentos (ATA) de la Costa Brava, Antoni García destaca que “no se puede aplicar una misma tarifa en temporada alta que baja, cuando puede representar el 30% del coste de la estancia”. El gremio también ha criticado que el decreto se publicara antes del inicio de la temporada de verano, cuando muchas empresas tenían los contratos firmados desde hacía un año con operadores turísticos con tarifas pactadas. Además, han pedido que se tenga en cuenta la diferencia territorial que existe en Cataluña y “se deje de trabajar con la centralidad de Barcelona”, que no tiene temporalidad y ofrece unas particularidades en la demanda que no tienen los demás. También han exigido a los consistorios “transparencia en el destino de los fondos recaudados con la tasa, ya que sólo el 40% publica memorias completas, y en las comarcas de Girona solo el 25%”.

El presidente de los hoteleros de Girona ciudad y radial, Xavier García, ha puesto en duda “su calidad y capacidad política para tomar decisiones tan importantes para el país” y ha afirmado que “si fueran gerentes de alguna empresa, ya estarían en bancarrota”.

Para el portavoz de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona, Xavier Guardià (FEHT), el decreto “es una animalada”. La FEHT se reunió con la Generalitat y también mostró su rechazo a la medida tomada entre el Govern y Comuns. Mostraron su preocupación por las graves consecuencias que puede tener en la competitividad del turismo en Cataluña y pidieron que, antes de aplicar cualquier modificación fiscal, se hiciera un estudio económico que valore el impacto real sobre el sector y la economía del visitante. Alertan de las primeras peticiones de información y cancelaciones de reservas e instan a un diálogo efectivo con el sector para encontrar alternativas.