El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de orden que establece para 2026 los llamados cargos de la factura de la luz. En ella se propone una subida media de esta parte fija del recibo, cuya potestad corresponde al departamento que dirige Sara Aagesen, del 10,5%. Con los cargos se financian, entre otros, las energías renovables con derecho a retribución (las del llamado Recore), las anualidades de la deuda eléctrica derivada de los antiguos déficit de tarifa y las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares.
Esta parte fija del recibo, que financia ciertas renovables o la deuda eléctrica, se suma a la subida del 4% de los peajes decidida por la CNMC
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de orden que establece para 2026 los llamados cargos de la factura de la luz. En ella se propone una subida media de esta parte fija del recibo, cuya potestad corresponde al departamento que dirige Sara Aagesen, del 10,5%. Con los cargos se financian, entre otros, las energías renovables con derecho a retribución (las del llamado Recore), las anualidades de la deuda eléctrica derivada de los antiguos déficit de tarifa y las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares.
Esta subida se sumaría al incremento del 4% propuesto para el próximo año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la parte fija restante (los peajes), que dependen del regulador energético: en total, un 14,5%. Los peajes que pagan los consumidores sirven para financiar las redes eléctricas y se incrementarán el próximo año un 12%, en el caso del transporte en alta tensión, y el 2,5% para las líneas de distribución, en media y baja tensión, según la propuesta del organismo regulador
Los cargos de la tarifa y los peajes los pagan todos los usuarios. A ellos se añade el coste de la energía propiamente dicha, que varía según el contrato que tenga firmado cada cliente: el pactado en el mercado libre o la tarifa regulada o PVPC ligada a los precios del pool.
En la nueva orden ministerial de cargos figura un incremento de los costes de 1.050 millones de euros, hasta 7.419 millones de euros. La mayor subida corresponde a las renovables del Recore, un 37% más respecto al ejercicio de 2025, en total, 5.760 millones de euros. Esto se explica, según un experto, en que el ministerio había previsto en su día unos precios más elevados de los que finalmente se han registrado, por lo que, según el sistema de contratos por diferencia de estas instalaciones, que resultaron ganadoras de subastas para obtener un precio fijo, hay que compensarlas. Algo que se hará en 2026 pues, según la regulación, el balance se hace al terminar el primer semiperiodo regulatorio (de tres años), que acaba este año.
Por el contrario, las anualidades de la deuda eléctrica, cuya amortización termina en 2028, siguen a la baja: 1.883 millones, 507 millones menos que el año pasado (-21%) y se mantienen sin cambio los costes de los archipiélagos, Ceuta y Melilla, en casi 841 millones.
¿Previsión de demanda excesiva?
Los cargos se financian a través de la factura de la luz que pagan los usuarios, vía Presupuestos Generales del Estado (con los impuestos, tasas y cánones de algunas energías y de una partida voluntaria de lo que el Gobierno recauda de las subastas de los derechos de emisión de C02). Además, en este caso (excepcional), se aporta con el superávit de tarifa de 2024 de 709 millones de euros. Según la regulación (que fue modificada temporalmente en las leyes de Presupuestos durante la crisis energética), los superávit del sistema no se pueden destinar a sufragar los cargos, sino a amortizar deuda eléctrica, en tanto esta siga existiendo.
Hacienda aportará el próximo año 1.995 millones del impuesto del 7% a todo tipo de generación y 612 millones de los tributos a la nuclear y la hidráulica. En cuanto a las subastas de CO2, el Gobierno aportará 1.100 millones de euros, si bien, la propuesta de orden no explica qué porcentaje representa sobre los ingresos totales procedentes de estas subastas.
A la vista de los datos, fuentes del sector consideran que si los costes se incrementan en 1.055 millones de euros y los ingresos externos sólo en 524 millones, los cargos deberían subir no un 10,5%, sino un 15,1%. Esto se explicaría en que el Ministerio de Transición Ecológica asume implícitamente que la demanda eléctrica se incrementará un 4,5% en el ejercicio. Una estimación demasiado optimista y muy alejada de la de la CNMC, que en su Memoria de propuesta de peajes, prevé un incremento de tan sólo el 2,3% para 2026. “Si acierta el regulador y se equivoca el ministerio se producirá un déficit de tarifa en 2026″, concluye un analista.
A través de los cargos también se sufraga el funcionamiento del operador del mercado, OMI-Polo Español, que en el caso de 2026 ascenderá a 15,4 millones de euros.
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