Transporte público, interés ciudadano más allá del cálculo político

El transporte público sigue en el centro del escudo social que el Gobierno mantiene desde el paso de la pandemia y la posterior invasión rusa de Ucrania, que desembocó en una fuerte crisis de inflación. El Ministerio de Transportes ha sacado adelante en el último Consejo de Ministros del año el Real Decreto-ley que contiene la prórroga de importantes bonificaciones para el uso de servicios ferroviarios y de autobús, y que permite dar los primeros pasos al abono único. Este novedoso título, a 60 euros mensuales, aspira a incorporar los servicios urbanos e interurbanos de autobús y el metro junto a los viajes en trenes de Renfe (excluida la alta velocidad) y las grandes rutas en autobús. Todo un reto político para el Ejecutivo a la vista de que es el Partido Popular quien tiene el poder territorial y la tutela de esos modos de transporte de proximidad.

El coste total de rebajas y bonificaciones es de 1.371 millones de euros en 2026, con lo que las ayudas para incentivar la movilidad en transporte público activadas por los gobiernos de Pedro Sánchez habrán ascendido a más de 11.000 millones desde 2018. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ofreció el martes un dato concluyente: entre enero y septiembre de este año se han movido en transporte público una media superior a los 420 millones de personas al mes, lo que representa un incremento del 23% respecto al mismo periodo de 2022 y supera los niveles previos a la crisis sanitaria. El recorte en las rentas familiares dedicadas a la movilidad ha sido del 75%, según cálculos del propio ministerio.

La lluvia de fondos públicos para subir viajeros al ferrocarril o el autobús beneficia a millones de usuarios e incide en la descarbonización de la carretera. ¿Hasta cuándo? El Gobierno confía en que las medidas actuales sirvan para fidelizar clientes, mientras se garantiza la cohesión social y la igualdad. La batería de medidas entra en vigor el 1 de enero y se someterá días después al voto del Congreso de los Diputados. Desde Transportes se da por descontado el respaldo a medidas que alcanzan a todos los territorios y que, en su mayoría, están en pie y ya fueron aprobadas con mayoría. Otra cosa será sumar a administraciones gobernadas por el Partido Popular para apuntalar el éxito del abono único, con interés limitado mientras no incorpore algunos de los servicios más populares del país. El ciudadano, y no los intereses partidistas, deberían primar.