Un objeto tan común en la vida diaria como un teléfono móvil es un bien muy preciado en las cárceles, donde su tenencia está terminantemente prohibida. Las cifras de los aparatos intervenidos revelan el lucrativo negocio que es su tráfico y uso clandestino dentro de las cárceles, donde son un problema de seguridad al convertirse su posesión y uso en el origen de peleas y extorsiones entre reclusos. En los últimos años, los funcionarios de prisiones se han incautado de 13.208 de estos teléfonos, de los que 2.466 fueron en 2025 (cerca de siete al día), según los datos facilitados por el sindicato mayoritario Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y confirmados a este diario por fuentes del Ministerio del Interior.
Desde 2021, Interior ha requisado a reclusos 13.208 de estos dispositivos prohibidos, de los que 2.131 lo fueron en estos centros
Un objeto tan común en la vida diaria como un teléfono móvil es un bien muy preciado en las cárceles, donde su tenencia está terminantemente prohibida. Las cifras de los aparatos intervenidos revelan el lucrativo negocio que es su tráfico y uso clandestino dentro de las cárceles, donde son un problema de seguridad al convertirse su posesión y uso en el origen de peleas y extorsiones entre reclusos. En los últimos años, los funcionarios de prisiones se han incautado de 13.208 de estos teléfonos, de los que 2.466 fueron en 2025 (cerca de siete al día), según los datos facilitados por el sindicato mayoritario Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y confirmados a este diario por fuentes del Ministerio del Interior.
Tres prisiones andaluzas, la de Almería (756 dispositivos), Málaga (728) y la granadina de Albolote (647), encabezan la lista de las prisiones en las que en el último lustro más móviles se han intervenido, seguidas de cerca por las madrileñas de Valdemoro (646) y Estremera (567). En el extremo opuesto, las de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Menorca, las únicas sin ninguna aprehensión desde 2021. En otros 16 centros se han localizado menos de 10 aparatos en este tiempo.
Respecto a 2025, siete cárceles superaron los 100 móviles intervenidos, de nuevo con Almería en primer lugar, con 166. Málaga aparece en el tercer puesto con 150 teléfonos y Albolote, la sexta, con 116. También superaron el centenar las de Alicante (que con 152 fue la segunda ), Córdoba (148), Estremera (128) y Asturias (115). Acaip recalca que estos dispositivos “permiten a los internos eludir los controles de comunicación establecidos, facilitando la continuidad de actividades delictivas desde el interior de las cárceles” y denuncia que las plantillas de funcionarios no están dimensionadas para hacer frente al problema ni tienen los medios técnicos adecuados para localizar. “[Los trabajadores penitenciarios] logran detectar y decomisar miles de estos dispositivos cada año mediante requisas, cacheos y controles constantes”, añade.
La mayoría de los teléfonos móviles que se intervienen son de pequeño tamaño: miden poco más de seis centímetros y son fáciles de ocultar en un zapato o en las cavidades del cuerpo. Se ofertan en páginas web por poco más de 20 euros. Pero también los hay, cada vez en mayor número, con acceso a internet, los conocidos como smartphones, mucho más cotizados entre los reclusos. Buena parte de ellos son introducidos en las prisiones por familiares durante las visitas vis a vis (íntimas) o por reclusos que vuelven de un permiso y que los llevan escondidos en los objetos que portan —se ha llegado a encontrar uno en un tubo de pasta de dientes— o en sus orificios corporales. Ahora también se encuentran en los patios de la prisión supuestamente dejados caer desde drones, un sistema en alza tanto para colar estos dispositivos como pequeñas cantidades de droga y que, según Acaip, “dificulta las labores de prevención y facilita la entrada de dispositivos más sofisticados”.
La tenencia de teléfonos móviles se considera una falta grave que acarrea sanciones a los reclusos a los que se les encuentre. Estos castigos van desde la reducción de las horas de salida al patio al cambio de módulo. Además, el incidente queda reflejado en el expediente penitenciario del recluso con el consiguiente efecto en la concesión, por ejemplo, de permisos. En los cursos de formación que reciben los funcionarios de prisiones antes de comenzar a trabajar en prisión, se les adiestra precisamente en la detección de objetos prohibidos dentro de las cárceles. En estas enseñanzas se hace especial hincapié en los nuevos sistemas utilizados por los presos o sus familiares para introducirlos y ocultarlos.
Además, desde 2008, el Ministerio del Interior ha tomado medidas para evitar su utilización por parte de los internos, sobre todo tras descubrirse entonces que algunos presos célebres, como Zakhar Kalashov, jefe de la mafia georgiana, y el narcotraficante gallego José Ramón Bravo Bugallo, Sito Miñanco, utilizaban estos dispositivos desde sus celdas presuntamente para mantenerse en contacto con su organización. Aquel año, Instituciones Penitenciarias comenzó a instalar inhibidores de frecuencia en el interior de buena parte de las cárceles. Sin embargo, Acaip denuncia que estos han quedado obsoletos porque “no se han adaptado a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y que, en muchos casos, resultan insuficientes para impedir el uso efectivo de estos dispositivos”.
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