El juzgado de instrucción número 38 de plaza de Castilla de Madrid ha llamado a declarar como investigados a dos de los policías que tomaron declaración a una de las becarias de Nacho Cano que, como los otros 16, denunciaron supuestas coacciones. Los becarios, orientados por los abogados del promotor musical, usaron una denuncia modelo que hasta ahora han archivado todos los jueces de los juzgados en los que han recaído.
Se trata de una bailarina que acusó, con el mismo modelo que el resto de los 17 becarios, por coacciones a los agentes y cuya denuncia sí ha sido admitida a trámite mientras que el resto fueron archivadas
El juzgado de instrucción número 38 de plaza de Castilla de Madrid ha llamado a declarar como investigados a dos de los policías que tomaron declaración a una de las becarias de Nacho Cano que, como los otros 16, denunciaron supuestas coacciones. Los becarios, orientados por los abogados del promotor musical, usaron una denuncia modelo que hasta ahora han archivado todos los jueces de los juzgados en los que han recaído.
El juez Carlos Valle, del juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, ha adoptado la decisión tras la denuncia interpuesta por una bailarina contra dos de los investigadores del caso, los agentes que le tomaron declaración. Se trata de una de las denuncias proforma que presentaron 17 jóvenes mexicanos que contrató el productor musical para que colaboraran en su espectáculo. Estas denuncias recayeron en distintos jugados, que hasta ahora las han desestimado y archivado una a una. Salvo esta, la del juzgado número 38.
Los becarios, representados por Cremades & Calvo Sotelo, denunciaban que los agentes los retuvieron contra su voluntad durante horas en comisaría y les quitaron sus teléfonos móviles, dejándolos incomunicados. La denuncia de los jóvenes señalaba a los agentes por coacciones y detención ilegal y el juez, Carlos Valle, ha citado a los dos policías el 27 de febrero a las diez y media de la mañana en los juzgados de plaza de Castilla.
En la causa principal, que lleva la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez, del juzgado de instrucción número 19, declaró el 13 de enero Nacho Cano y tres de sus colaboradoras. Ante la jueza, Cano se mostró “altivo”, según fuentes jurídicas, y la magistrada tuvo que llamarle varias veces la atención. El productor aseguró que él estaba pendiente de la “parte artística” del musical y que no gestionaba temas como los contratos. A la salida de los juzgados, volvió a asegurar que hay una persecución estatal contra él como figura destacada de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso: “Pedro Sánchez va a por mí, pero yo no merezco caer”. Desde que el excomponente de Mecano fuera detenido el pasado 9 de julio, acusado de haber cometido presuntamente un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecer la inmigración irregular, ha querido presentarse como víctima de una conspiración político-policial.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia —en enero de 2024— de una de esas becarias, enfadada con Cano, Lesly Ochoa (de 28 años) y concluyó que esos jóvenes bailarines que actuaban en Malinche habían sido adoctrinados para entrar en España en diciembre de 2023 haciéndose pasar por turistas y, posteriormente, habrían permanecido ajenos a la tramitación de un visado de estudios denegado por la Delegación de Gobierno de Madrid y que los dejaba en situación irregular en España. Todos ellos, a excepción de Ochoa, solicitante de asilo, retornaron a su país a finales de agosto de 2024.
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