En California, un movimiento ciudadano de base iniciado por un pequeño grupo de vecinos contra la instalación de un gigantesco centro de datos en Monterey Park acaba de lograr una victoria parcial: el Ayuntamiento aprobó una moratoria de 45 días y estudia una prohibición permanente. Al otro lado del Atlántico, Aragón se ha convertido en escenario de una disputa muy similar. Un frente compuesto por ecologistas, movimientos vecinales, científicos y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para frenar la instalación de un nuevo centro de datos de Amazon destinado a su negocio de computación en la nube e inteligencia artificial.
Cuestiones como la sustitución de empleo por la IA y el impacto humano de los centros de datos generan movimientos sociales de protesta
En California, un movimiento ciudadano de base iniciado por un pequeño grupo de vecinos contra la instalación de un gigantesco centro de datos en Monterey Park acaba de lograr una victoria parcial: el Ayuntamiento aprobó una moratoria de 45 días y estudia una prohibición permanente. Al otro lado del Atlántico, Aragón se ha convertido en escenario de una disputa muy similar. Un frente compuesto por ecologistas, movimientos vecinales, científicos y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para frenar la instalación de un nuevo centro de datos de Amazon destinado a su negocio de computación en la nube e inteligencia artificial.
Las preocupaciones no son infundadas. Investigaciones periodísticas han revelado que los centros de datos de Jeff Bezos en España extraen mucha más agua de la que la empresa reconoció inicialmente. Además, documentos internos filtrados muestran que Amazon diseñó estrategias para ocultar su consumo real de agua.
No se trata de un fenómeno aislado. En Chile, comunidades organizadas lograron detener en 2024 la construcción de un gran centro de datos de Google en Santiago. Tras la presión ciudadana por el impacto sobre el agua potable, el tribunal ambiental obligó a la compañía a revisar sus planes para adaptarlos al contexto de crisis climática.
La contestación social continúa en Chile. En la comuna de Quilicura, vecinos y activistas han protagonizado una protesta tan simbólica como innovadora contra la expansión de la IA y sus centros de datos, responsables del sobreconsumo de la principal fuente de agua de la zona: la cuenca del río Maipo. El pasado 31 de enero lanzaron un “chatbot humano” (impulsado por los propios habitantes de Quilicura, con el objetivo de sustituir a los bots de inteligencia artificial). La propuesta invitó a personas de todo el mundo a formular preguntas a personas reales, no a algoritmos.
La iniciativa pone sobre la mesa dos debates clave: la sustitución de empleo por la IA y la invisibilización del impacto humano de estas infraestructuras. Mientras preguntamos a ChatGPT “¿me quitará la IA el trabajo?”, “¿existen los extraterrestres?” o “¿puedes corregir este texto?”, hay comunidades cuyas vidas están siendo alteradas de manera directa por la expansión de esta tecnología.
En un contexto en el que los gobiernos tratan, con dificultad, de regular a las grandes corporaciones tecnológicas, mientras otras administraciones les abren la puerta a inversiones extractivas sin atender a sus efectos socioambientales, surge una pregunta inevitable: ¿pueden los movimientos ciudadanos convertirse en el verdadero talón de Aquiles de Big Tech?
¿Aportan beneficios los centros de datos?
Las empresas tecnológicas suelen justificar estas instalaciones por la creación de empleo. Sin embargo, la mayor parte de esos puestos son temporales y precarios, ligados a la fase de construcción. Una vez en funcionamiento, un centro de datos requiere, según Microsoft, alrededor de 50 trabajadores como máximo. Se trata de empleos técnicos y de mantenimiento, con un impacto limitado en la economía local. Además, el principal coste de la infraestructura —los chips de IA— se importa, sin generar tejido productivo ni transformación estructural en el territorio.
Cuando el centro de datos entra en operación, su mayor gasto es el consumo energético. En determinadas regiones, esto se traduce en un aumento del precio de la electricidad para los consumidores. En Estados Unidos, las tarifas han subido hasta un 267% en zonas con alta concentración de centros de datos. Para refrigerar las instalaciones y evitar el sobrecalentamiento, estas infraestructuras consumen enormes cantidades de agua, con un impacto devastador en los ecosistemas y las economías regionales.
Tampoco existe una ganancia real de soberanía digital. Los centros de datos operan en la práctica como bases extraterritoriales. Aun así, su implantación se acelera en todo el mundo, especialmente en el Reino Unido. El atractivo de albergar un centro de Big Tech se sostiene sobre un espejismo: la idea de que la inteligencia artificial se desarrolla localmente, cuando en realidad los modelos se diseñan, programan y entrenan a distancia.
Apropiarse de la transición ecológica
Gigantes como Google, Amazon o Microsoft presentan sistemáticamente la crisis ambiental como un problema técnico que puede resolverse adquiriendo las herramientas adecuadas. Casualmente, las suyas. Para reforzar este relato, incrementan su presencia en las conferencias climáticas de la ONU. En la COP30 de 2025, celebrada en Brasil, sus delegaciones alcanzaron cifras récord. Google aprovechó el foro para promocionar aplicaciones de IA para la biodiversidad y para influir en la propuesta de crear una plataforma digital global de cooperación.
El objetivo es claro: volverse imprescindibles. Esa dependencia, conocida por los usuarios de plataformas digitales, se traslada ahora a gobiernos y servicios públicos. Un ejemplo es Tapestry, el sistema de Google para mapear y gestionar redes eléctricas. Para desarrollarlo, la empresa accede a datos sensibles de operadores como el coordinador eléctrico de Chile. A cambio de promesas de eficiencia e innovación, el modelo de negocio consiste en vender predicciones y simulaciones basadas en datos públicos, como en el proyecto Rio AI City.
Este patrón se repite: Big Tech convierte los problemas que genera en oportunidades de negocio y presiona para que sus soluciones basadas en IA se acepten como la respuesta inevitable a la crisis ecológica. Pero más allá de afirmaciones sobre eficiencia hídrica o energética, la pregunta clave sigue siendo el impacto global de estas tecnologías.
Desde Aragón hasta Santiago de Chile, las grandes tecnológicas externalizan los costes sociales y ambientales de su expansión, mientras obtienen exenciones fiscales y regulaciones a medida. Al mismo tiempo, impulsan un modelo de transición ecológica controlado por plataformas privadas, que refuerza su poder y erosiona la toma de decisiones democráticas.
La transición ecológica es, ante todo, un proceso político. Por eso resulta clave el papel de comunidades como las de Aragón, Quilicura o Monterrey Park. Al defender su acceso al agua y a la energía, no solo plantan cara a los excesos de Big Tech: están defendiendo el futuro común.
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