Las concesionarias de autopistas urgen peajes en 13.000 kilómetros de autovía sin barreras: tres céntimos por kilómetro para coches y 14 para camiones

Las grandes operadoras de autopistas han vuelto a poner esta mañana sobre la mesa un plan de tarificación de las carreteras de alta capacidad españolas libres de peaje. En esta nueva y siempre controvertida propuesta de pago por uso, los usuarios de vehículos ligeros cargarían con tres céntimos por kilómetro recorrido en 13.674 kilómetros de vías de alta capacidad (un 74% titularidad del Estado y un 26% en manos de comunidades autónomas), que actualmente se mantienen con cargo a los presupuestos públicos. Los vehículos pesados pagarían 14 céntimos de euros por kilómetro recorrido.

La iniciativa ha sido presentada esta mañana en Madrid por el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien ha afirmado que estos peajes blandos estarían tres veces por debajo de la tarifa media de en la UE para coches y es cuatro céntimos más barato en el caso de los camiones y autobuses. El sistema, ha explicado el representante de las mayores constructoras y concesionarias del país, movilizaría 81.753 millones de euros de inversión en 25 años, de los que 8.088 millones irían directamente a la Administración (6.208 millones, a la central y 1.880 millones, a las autonómicas) como pago inicial por parte de las concesionarias.

Desde el punto de vista de Seopan urge tanto la armonización del sistema de financiación de la red viaria de alta capacidad, como una puesta a cero de la conservación y mejoras en seguridad, digitalización o infraestructura de recarga eléctrica. Entre las principales partidas de inversión del sector privado en los 25 que durarían los contratos de explotación, el informe identifica el mayor esfuerzo, de casi 38.500 millones, en conservación y reposición de esos más de 13.000 kilómetros de carreteras. Otros 12.500 millones se irían en el control y gestión del sistema de tarificación; la mejora y modernización de la red precisaría 11.500 millones, y se contemplan 7.400 millones en pagos por reducción y armonización de peajes ya existentes. Todo ello cubierto por las concesionarias con cargo a los peajes.

El informe, elaborado por Sener, EY, Uría Menéndez y la Asociación Española de la Carretera, “ofrece un superávit fiscal de 76.352 millones en 25 años, con 41.000 millones en ahorro del gasto público en conservación y bonificaciones, y más de 35.000 millones en recaudación de IVA, Impuesto de Sociedades, BICES o ITP”, ha relatado Julián Núñez, quien lleva años trabajando en defensa de la implantación de peajes blandos en líneas con los argumentos de asociadas a Seopan como ACS, Acciona, OHLA, Abertis, Itínere, Sacyr, etcétera.

Un 68% de las carreteras de gran capacidad sin tarificar de la UE se encuentran en España, donde el debate sobre la financiación de estas infraestructuras lleva décadas abierto a falta de un acuerdo de Estado que aborde la cuestión. El actual Gobierno ha optado por levantar las barreras de peaje en autopistas como la AP-1, AP-7 o la AP-4 conforme han ido venciendo los contratos de explotación, revirtiendo los costes de conservación y mejoras en el erario público. El objetivo, según ha reiterado en numerosas ocasiones el ministro de Transportes, Óscar Puente, es tratar de igualar las condiciones de uso para los conductores en todo el país antes de abordar la necesidad, o no, de un modelo de pago por uso que alivie el gasto público en infraestructuras. De momento, está descartado cualquier tipo de tarificación.

La misma Seopan ya reclamó el pago por uso en las carreteras de circulación gratuita en octubre de 2018, cuando llegó a proponer un modelo más económico para los conductores, de un céntimo de euro por kilómetro para vehículos ligeros y cinco céntimos para pesados. Las tarifas propuestas hoy constituían el escenario medio siete años atrás.

El sector concesional confía ahora en que las estrecheces presupuestarias del Estado, el déficit de más de 10.000 millones en conservación en la carretera, y que la llegada de nuevas exigencias de inversión de la mano de la descarbonización o la digitalización, reavive el interés de la Administración por la colaboración público-privada. Como sucedió en 2018, las defensoras del peaje generalizado también suelen hacer coincidir sus peticiones de mayor calado con momentos políticos adecuados para afrontar el debate. La actual legislatura, con el Gobierno en situación de debilidad por casos de corrupción en los tribunales, podría llegar a fin antes de la fecha límite de 2027.

Además del negocio que afloraría para las concesionarias, el sector de las infraestructuras que representa Seopan dice perseguir objetivos como la reducción de los tiempos de viaje, la mejora en la seguridad viaria, garantizar la sostenibilidad financiera de la red y liberar fondos públicos. La asociación estima que España debería invertir entre 4.900 y 5.200 millones de euros al año en conservación, lo que arroja un déficit de unos 3.000 millones por ejercicio.

(Artículo en elaboración. Habrá ampliación)