Navarra sorteará viviendas protegidas de alquiler entre menores de 35 y mayores de 60 años

Más allá de la polémica que envuelve al Partido Socialista de Navarra, el Parlamento foral ha vivido un jueves intenso en el pleno por la aprobación de varias normas. La más destacada es la Ley foral para el Derecho a la Vivienda Asequible en Navarra, que ha contado con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN, el Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita han votado en contra. La principal novedad del texto es el cambio en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas de alquiler (VPO): a excepción del 20% destinado por ley a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, familias numerosas y otras casuísticas, el resto se sorteará.

En concreto, de estas promociones, el 80% se repartirá entre menores de 35 años y mayores de 60 (un 40%) y entre las personas empadronadas en el municipio en el que se ubique la promoción (el otro 40%). Además, se va a reservar el 2% de las promociones de más de 50 viviendas a familias numerosas de categoría especial (cinco o más hijos) y se excluye del acceso a la VPO a aquellas personas que hayan vendido algún inmueble en los últimos cinco años por una plusvalía superior a los 100.000 euros. Por otro lado, se excluirá del censo durante dos años a quienes renuncien a una vivienda que se ajuste a las necesidades declaradas en su solicitud.

En otro orden de cosas, esta norma permitirá crear un registro de grandes tenedores (aquellas personas físicas o jurídicas con cinco o más viviendas) con el objetivo de para poder aplicarles el régimen de contención de precios en las 21 zonas declaradas como mercado residencial tensionado en Navarra. En esta misma línea, se va a ampliar el registro de arrendamientos con datos como el precio pactado del alquiler, la renta de contratos anteriores o la fianza exigida. Esta información será accesible para que tanto la Administración como los futuros inquilinos puedan conocer si el precio del alquiler se ajusta a la zona.

Esta normativa suprime el concepto del régimen de arrendamiento con opción de compra, si bien incorpora la fórmula del arrendamiento asequible y el del estatuto de propiedad, que ahora puede ser plena o en derecho de superficie. Asimismo, introduce nuevas figuras residenciales, como los alojamientos dotacionales, que son equipamientos comunitarios de titularidad pública que se destinarán a atender situaciones de emergencia habitacional para determinados colectivos.

El Parlamento también ha reforzado y ampliado las funciones y competencias del Banco Foral de Suelo Público que, desde ahora, podrá destinar los inmuebles que gestiona a dos fines: alojamientos dotacionales y vivienda protegida. Lo hará a través de la adjudicación del denominado derecho de superficie al sector público, sociedades de capital mixto dedicadas a la gestión de viviendas protegidas, cooperativas de viviendas o entidades del tercer sector.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. La consejera de Vivienda en el Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha defendido esta ley en la SER y ha explicado que se han aplicado “porque habíamos detectado que había un porcentaje elevado de la población que quedaba fuera del alquiler social por no encontrarse en una situación de elevada vulnerabilidad, pero que también estaban expulsadas del mercado privado”. Eso sí, ha reconocido “que los efectos de estas medidas estructurales que hemos aprobado en estos dos últimos meses los veremos a unos años vista, igual que hoy estamos pagando todavía las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace 15 o 20 años”.